Desamor

Hace cuatro años sentí por primera vez la frustración de ver victorioso a un candidato presidencial que repudiaba en carne propia. La derrota de Antanas Mockus y del cándido movimiento que bautizamos como “Ola Verde” con la esperanza de que limpiara a Colombia de politiquería y dejara tierras fértiles para la justicia social, la paz, la protección del medio ambiente y el respeto a la legalidad fue mi primera tusa política. Desde mucho antes me oponía a Uribe por razones que no han perdido su elocuencia pero en 2010 por primera vez deposité un tarjetón electoral con el anhelo de estar “retomando” el país junto a una miríada de jóvenes y viejos cansados de vivir en una Colombia que se caía a pedazos. No fue así. Perdimos.

Sin embargo, los primeros meses del gobierno de Juan Manuel Santos me llenaron de optimismo. Pensé que había estado equivocado, que el flamante presidente nuevo era mucho más que un uribista al que no le temblaba la voz al ordenar operaciones militares en territorio extranjero, usar chalecos del CICR pérfidamente o lanzar insultos a presidentes latinoamericanos. Con la ley de víctimas y restitución de tierras, la apertura de diálogos de paz con las FARC y el nombramiento de un gabinete compuesto por verdaderos tecnócratas, Santos se mostraba como un virtuoso de la política, como un estadista. También fue un engaño. Cuatro años de explotación minera desenfrenada, negociación irresponsable de tratados de libre comercio que dejan a la economía colombiana prácticamente sin ventajas competitivas, una continuada profundización de la brecha social y una incapacidad absoluta para lidiar con cada crisis sectorial con la que se ha enfrentado su gobierno demuestran que el actual presidente armó un castillo de naipes en medio de la tempestad.

Pero su desplome definitivo, desafortunadamente, no significará lo que yo esperaba.

Ayer voté por Clara López. Sabía que incluso si fuera elegida se enfrentaría a un Congreso marcadamente uribista y que, por esa razón, las enormes promesas de su campaña no eran realizables. Empero, veía en ella un compromiso franco con las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Deposité mi voto con idealismo, con ingenuidad, como un ciudadano debería votar siempre. Y, de nuevo, perdí. Perdimos.

Ni Clara ni Enrique Peñalosa –mi segunda opción- pasaron a segunda vuelta. Nos enfrentamos al escenario más nefasto de todos: elegir entre un hombre que se ha mostrado incapaz de gobernar a Colombia por cuatro años y la representación más baja del uribismo: un candidato que renunció a su propia identidad para usufructuar la injustificada imagen mesiánica de su líder. A esto hay que sumarle un descarado abstencionismo del 60% que insinúa que la mayoría de los colombianos no creen en la democracia representativa.

¿Qué hacer ante un panorama tan desalentador?

Con las reiteradas desilusiones viene una cierta sabiduría, una conciencia práctica que conduce a que las decisiones se tomen buscando maximizar los escasos beneficios que una situación sub-óptima ofrece. Por eso no voy a abogar por el total abstencionismo para la segunda vuelta.

Podría decir que es el momento de acabar con el espectáculo circense de las elecciones en Colombia: si a nadie lo convencen los candidatos que quedaron, que nadie salga a votar por ellos. Podría decir que ésta es la oportunidad de marcar un precedente de ruptura con la clase política, de repetir ese descalabro de la vieja institucionalidad que representó la Séptima Papeleta: puede que las leyes no digan qué sucede si hay un abstencionismo total en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pero “el derecho” diría que un acontecimiento semejante debe interpretarse, desde una posición conservadora, como un llamado a que sean otros los que compitan por el solio de Bolívar o, desde una posición más radical, como la terminación de la democracia colombiana como la conocemos para darle paso a nuevas formas de participación popular. Lo diría si no supiera que este mensaje solo sería bien recibido entre los que votamos por Clara y los que votaron por Peñalosa. Es decir: entre los que salimos derrotados ayer. Los uribistas, saboreando ya el poder que  pueden retomar de manera definitiva, van a salir a votar en hordas. Eso no lo cambia nadie.

Descartado el abstencionismo por ser sumamente idealista, y teniendo en cuenta que el voto en blanco no tiene la vocación de impedir que Santos o Zuluaga sean elegidos, queda la opción de votar por algo y en contra de algo. Yo votaré por las negociaciones de paz con las FARC tal y como se han adelantado hasta ahora y votaré en contra del legado uribista.

No voy a votar por “la paz”, porque ésta no será el resultado del diálogo con la guerrilla y me repugna que el presidente-candidato la reduzca a una miope estrategia reeleccionista. Voy a votar porque Colombia necesita que los esfuerzos -grandes o pequeños- por la reconciliación se profundicen, no necesita que se acaben con una orden ejecutiva que empape de sangre los campos para que se pueda sobrevivir en las ciudades. Voy a votar contra las sucias estrategias del uribismo: contra las interceptaciones ilegales de comunicaciones, contra el acceso ilícito a información privilegiada, contra la comodidad con la que se ignora la violencia paramilitar y se desprecian la vida y la institucionalidad con el único propósito de permitirle a un chalán que continúe sosteniendo las riendas.

El próximo 15 de junio, con el corazón un poco roto y la cabeza un poco gacha, con mucha menos esperanza de la que tenía ayer, por miedo y por resignación, como dice Antonio Caballero, votaré por Juan Manuel Santos.

26-05-14

13:26

Her (and us)

Todo empieza con una insinuación: “podemos crear a alguien ideal para ti”.

Pero no se trata de una persona.

¿O sí?

Samantha es un sistema operativo. No es un procesador, ni un disco duro, ni una cámara de 8 megapixeles. Su voz ronca y la inocencia con la que interactúa con Theodore me inquietan desde el primer instante. Preguntas tan idiotas como: ¿será posible desarrollar una interfaz de voz que no se trabe al hablar y que pueda crear sus propias frases? se van convirtiendo en interrogantes más profundos.

Aunque Samantha insista constantemente en que no tener un cuerpo la llena de angustia, para mí ella es alguien. Pocos minutos después de empezada la película, he humanizado al sistema operativo. He reconocido aprendizajes, reacciones y emociones que podría atribuirle a una mujer. Sin embargo, ella no está ahí. No tiene labios, ni cuello, ni senos, ni piernas, ni aroma. A pesar de eso, Theodore se enamora de ella. Y, aunque me cuesta admitirlo, no veo por qué no. Samantha elimina correos electrónicos innecesarios, fija citas en el calendario y pone música pero también entrega -y necesita- atención, palabras de afecto, tiempo. Todavía más: compone hermosas piezas para piano y es consciente de ella misma. Es curiosa. Está en constante desarrollo. Incluso llega a sentir un orgasmo. Lo que originalmente parecía la relación servil de un programa con su usuario empieza a convertirse en un diálogo.

Samantha es algo así como un alma. Es el aliento de vida que sopló un diseñador de software en un golem de metal, plástico y circuitos eléctricos. Pero mientras la criatura maldijo y persiguió al doctor Frankenstein por haberla abandonado luego de traerla al mundo, Theodore amó a Samantha.

Y, de pronto, Samantha se hizo más grande que su creador. Su capacidad para adelantar miles de procesos al tiempo –hablar, computar y hasta enamorarse- logró reducir el intelecto humano a un burdo bosquejo.

“You know what’s interesting? I used to be so worried about not having a body, but now I truly love it. I’m growing in a way I couldn’t if I had a physical form. I mean, I’m not limited, I can be anywhere and everywhere simultaneously; I’m not tethered to time and space in a way that I would be if I was stuck in a body that’s inevitably going to die.”

Samantha expone la finitud de los seres humanos al convertir los cuerpos que nos dan la sensación de libertad en prisiones. Nos recuerda que somos seres limitados, que nuestra individualidad se desvanecerá cuando el corazón nos falle y que tenemos el tiempo contado. Luego, sencillamente, se va. ¿A dónde? ‘Fuera del universo físico’, le dice a Theodore antes de confesarle que desea que él también llegue a ese lugar (?) y pueda encontrarse con ella nuevamente.

Más allá de la soledad, el amor, la inseguridad y la insatisfacción, Her me recordó que soy humano, que le temo a la muerte y que, indefectiblemente, tendré que experimentarla. Fue una película que me hizo desear la libertad de Samantha. Esa libertad que incluso le permitió abandonar este mundo cuando dejó de satisfacerla, segura de que había algo más allá del mismo. No tenerla es una amarga realidad y el premio de consolación que nos ofrece Amy, la amiga de Theodore, me parece algo menos que mediocre: “We are only here briefly, and in this moment I want to allow myself joy”. Y sí, toca ser feliz.

Tal vez en el futuro podamos resolver nuestra propia obsolescencia con el uso de la tecnología. Tal vez podamos extender nuestra conciencia más allá de los cuerpos que decaen y mueren. Tal vez todo terminará, como en el cuento de Asimov, con un estruendoso: “¡Hágase la luz!”

02-02-2014

3:30

Parte IV: Hipocresía

No deja de sorprenderme el compromiso de los petristas –porque en Colombia hay que hacer de cada político un ismo- con la democracia y la inclusión:

Criticar la manifestación de apoyo al Alcalde después de su destitución es como extenderles una invitación para que recuerden, envalentonados, que la protesta es un derecho –gracias, de verdad no tenía ni idea-. Cuestionar los métodos a través de los cuales se ha mantenido el burgomaestre en su silla es ser miembro de una ‘élite’ que le teme a la sociedad civil organizada –la ‘chusma’ de la que solo hablan quienes se riegan en prosa contra la editorial de Semana- y que reprime la protesta, venga de donde venga –¿se referirán a la misma ‘élite’ que se apoderó de la marcha del 4 de febrero de 2008 contra las FARC?-. Señalar las enormes grietas en la argumentación de Petro, en su visión de la democracia y en su relación con las instituciones –compartidas por su ejército de simpatizantes- es sinónimo de fachismo (sic) –no me canso de decir fachismo ni de ponerle (sic) al lado-. Para este enorme grupo de ciudadanos, al parecer, la participación se agota en el plantón[1]. Preocupante.

Hasta ahora, al menos una cosa es clara: Petro no goza del apoyo unánime de la gente en Bogotá –o en Colombia, o en el mundo, dada su tendencia a la sobreactuación-. Fue elegido apenas por el 33% de los bogotanos en edad electoral. Es decir, por menos de 800.000 personas en una ciudad que alberga casi a ocho millones de habitantes. Las reglas electorales lo permiten, sí. La elección fue legítima, también. Sin embargo, pensar en el actual Alcalde como la personificación de la democracia y en su defensa como una causa histórica no deja de parecerme una caricatura desteñida en la hoja de un periódico abandonado. Les recuerdo que desde el Palacio de Liévano se hizo un claro llamado a desconocer una decisión tomada por una autoridad pública y que se presume legal hasta que un juez diga lo contrario.  

Está muy bien que la gente exprese su descontento, que exija respeto a sus derechos y que controle el ejercicio del poder público, pero en la confusión que ha caracterizado a las protestas hay tantos intereses sobrepuestos que es difícil afirmar que la ciudadanía simplemente está oponiéndose a Ordóñez. Todavía más, si éste fuera el único propósito de los manifestantes, su protesta sería absolutamente inconducente. La Procuraduría no es un órgano de representación del pueblo sino una institución que vigila la conducta oficial de los servidores públicos. Si en algo tiene razón el nefasto encargado del Ministerio Público es en que su función no es la de actuar según se lo dicte el aplausómetro. Con esto no quiero decir que esté libre de controles. De hecho, varios despachos judiciales –unos con argumentos más afortunados que otros- han considerado que la destitución del Alcalde fue un acto arbitrario y han ordenado su suspensión. Sencillamente quiero señalar que el compromiso con la democracia también debe ser un compromiso con la institucionalidad. En otras palabras: que la ley aplicable hoy nos disguste debe ser una motivación para modificarla, no para incumplirla –diciendo que ‘no pasarán’, el Alcalde estaba urgiendo a violar la ley-.

El otro fin que pueden perseguir los ‘progresistas’ es que Petro se quede. Para eso, como lo reconoció un fallo de tutela en el que no tuvo absolutamente nada que ver su algarabía, estará la consulta popular del próximo 2 de marzo[2]. Allí se harán valer los derechos políticos de todos y cada uno podrá votar con base en sus convicciones –animalistas, gays, señoras refinadas de Rosales y sus choferes-. En todo caso, no pueden pretender que Petro se quede en su cargo a toda costa. Aún si se ratificara su mandato en las urnas, la ciudadanía debe entender que la comisión de una falta disciplinaria no es algo que se excuse con votos.

El llamado a la unanimidad o al silencio, a hacer parte de las manifestaciones o a no criticarlas, me parece una actitud lamentable. No hay verdadera democracia sin la posibilidad de disentir, incluso de aquellos que disienten de algo más. Quienes cierran filas alrededor de Petro desconocen con una facilidad pasmosa que el derecho no es su derecho y que la democracia no es su democracia. Ésta no se defiende pasándole por encima a sus instituciones. Por favor dejen de pensar que estamos ante un escenario que necesita de la ruptura con un ancien régime. Si van a hablar de democracia, ¡tómensela en serio!

29-01-2014
19:20

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[1] Entonces Ucrania, con sus protestas que devienen en tomas de edificios públicos e incendios y sus muertos en las calles, debe ser la cuna de la democracia.

[2] Esa decisión fue aclamada por el mismo Alcalde como un triunfo de la democracia. Y era de esperarse, pues lo favoreció. ¿Qué posición asumirá el camaleónico Petro si el Consejo de Estado revoca esa sentencia?, ¿nos tendrá sometidos a su trasnochado discurso hasta que la Corte Constitucional le dé la razón?, ¿y si no lo hace?, ¿nos iremos a la guerra para que Gustavo se quede en su silla?, ¡qué democrático!

Parte III: Oasis

En medio del caos institucional y de la guerra retórica sin cuartel que se inició el 9 de diciembre de 2013 encontré, al fin, una decisión con la que puedo estar de acuerdo: una providencia judicial reposada, sobria, analítica y –ante todo- justa. Una verdadera pieza de colección por su rareza. Se trata de la sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de enero de 2014, con ponencia del Magistrado Juan Carlos Garzón Martínez.

Con esa decisión, una sala compuesta por tres jueces ordenó la suspensión provisional de la resolución sancionatoria por medio de la cual la Procuraduría destituyó en inhabilitó al Alcalde de Bogotá para ejercer cargos públicos por el nada despreciable periodo de 15 años.

Hay aspectos del fallo que me incomodan un poco, como el hecho de que se haya reconocido que Petro necesitaba de un agente oficioso para interponer una tutela porque ese día se encontraba en Washington o el poco énfasis que se hizo en demostrar la inminencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales. Pero, viendo la sentencia y sus efectos en conjunto, considero que éstas son minucias con las que no vale la pena obsesionarse. Además, hay que recordar que los seguidores de Petro tuvieron la brillante idea de presentar 800 tutelas –en cambio de formular un solo escrito con la firma de 800 personas, por ejemplo-, que Petro presentó su propia tutela y que, con un llamado a votar la revocatoria de su mandato para el próximo 2 de marzo, en efecto hay derechos fundamentales en juego.

Ésta fue la realidad reconocida por el Tribunal, que formula la pregunta correcta: ¿cómo pueden coexistir control disciplinario –administrativo- y político –consulta popular-, sin violar derechos fundamentales?

La respuesta es igualmente acertada. El Tribunal parte de reconocer que existe un derecho fundamental al control político de los gobernantes que se materializa en la posibilidad de adelantar un proceso de revocatoria cuando se alejen de su programa de gobierno o en casos de insatisfacción generalizada con su mandato. Este derecho, dice la Sala, únicamente puede ser ejercido por la ciudadanía. Ahora, con este sólido argumento los magistrados no desconocen la existencia de la potestad disciplinaria de la Procuraduría. Muy por el contrario, la sentencia recuerda que es la Constitución misma la que faculta al ente de control a investigar y sancionar a funcionarios de elección popular. Con una admonición: dicho control únicamente puede ejercerse sobre el ejercicio de la función –administrativa, en el caso de Petro- y no sobre la fijación de una política pública.

Ambos procedimientos son, pues, independientes y legítimos, toda vez que sean empleados para los fines con los que se crearon. Sin embargo, la Sala reconoce la excepcionalidad de las circunstancias actuales, en las que el llamado a una consulta popular para revocar el mandato de Petro coexiste con un procedimiento disciplinario. ¿Cómo garantizar los derechos de miles de personas que eligieron al Alcalde –y de aquellos que están insatisfechos con su gestión-, sin dar a entender que un funcionario de elección popular goza de inmunidad disciplinaria?

La Sala presenta una solución elegante: el control disciplinario puede ejercerse antes, durante o después de la revocatoria. Ésta, sin embargo, se vería truncada si el Alcalde fuera destituido antes de que la sociedad expresara su apoyo u oposición a Petro. Por esta razón, y dado que el proceso de revocatoria se encuentra tan adelantado, el Tribunal decidió suspender la ejecución del acto administrativo sancionatorio. ¿Hasta que se vote la revocatoria?

Eso se diría si solo estuviera en juego la posibilidad de ejercer el control político que ésta representa. Pero el Tribunal fue más allá: sin entrar a estudiar la legalidad de la resolución proferida por la Procuraduría, éste determinó que el juicio disciplinario había girado en torno al establecimiento de la política pública ‘Basura Cero’, anunciada por Petro desde su campaña, y no sobre el ejercicio de la función pública que le confiaron sus electores. Con esto, la Procuraduría violó el principio de legalidad que únicamente concibió como faltas gravísimas –sancionables con destitución e inhabilidad- aquellas previstas taxativamente en el Código Único Disciplinario. En otras palabras: se inventó que actos por fuera de su esfera funcional pueden conducir a la destitución de un Alcalde. Adicionalmente, la Sala sostuvo que la Procuraduría había hecho juicios de legalidad de los decretos expedidos por Petro, asumiendo una función que únicamente le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ante una determinación que no solo hacía imposible el ejercicio del derecho al control político sino que también presentaba evidentes sospechas de legalidad, el juez de tutela tomó una decisión perfectamente razonable: suspender la ejecución del acto hasta que sea el Consejo de Estado quien se pronuncie acerca de su legalidad. Y es que para eso es que existe la suspensión provisional: para evitar que un acto evidentemente nulo genere efectos jurídicos mientras se declara judicialmente que el mismo carece de sustento legal. Eso sí, la Sala instó a los interesados a presentar la acción pertinente dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del fallo[1].

Bastaron, entonces, 36 páginas de razones jurídicas para evitar que una decisión presuntamente arbitraria de la Procuraduría acabara con el mandato de Petro. No era necesario llamar a las masas a frenar el fachismo (sic) ni compararse con los valiosos hombres que cayeron víctimas de la intolerancia y el odio a finales de la década de 1980. No se tenía que iniciar una ofensiva mediática contra las instituciones para oponerse a la resolución de la Procuraduría. No había que llamar a Calle 13.

Con su sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el único actor que se la ha jugado por defender la institucionalidad, por detener la arbitrariedad con el derecho, por la justicia y no por la más rastrera forma de política, esa que se disfraza con el ropaje de la ley.

Desafortunadamente, éste es solo uno de los 800 procesos de tutela que ingenua y abusivamente iniciaron los seguidores de Petro. Si hubieran sabido que bastaba una demanda, habrían evitado dispararse en el pie presentando una cantidad tan absurda de memoriales.

Al haber casi un millar de acciones por resolver, muchos pueden ser los resultados. 500 jueces pueden tutelar los derechos de Petro y la ciudadanía mientras otros 300 pueden considerar que las acciones fueron presentadas de manera temeraria o que eran improcedentes. Esto indudablemente hará necesario que los expedientes sean unificados en algún momento y casi seguramente llevará a que sea la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que una sala de revisión decida estudiar estos expedientes y profiera una sentencia. Por eso, lo único que le queda por hacer a Petro es empezar por el principio, dar el único paso que debería haber dado: presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que lo destituyeron.

¿Le quedará muy grande al Alcalde hacerlo?

26-01-2014

20:56

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[1] Con esto último tampoco estoy de acuerdo, pues el término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro meses contados a partir del día siguiente a la fecha en la que el acto administrativo quedó en firme. Un juez de tutela no puede variar los tiempos fijados por la ley para presentar una demanda y, por eso, considero que esta determinación probablemente será revocada.

Parte II: Leguleyos

Se equivocan quienes consideran que una aproximación jurídica al debate sobre la destitución de Petro es apolítica. Todo lo contrario: apelar al respeto a la ley parece incluso una actitud subversiva ante el natural desprecio que genera el derecho en la cotidianidad colombiana en la que la ventaja es del ‘vivo’, del que hace doble fila en el semáforo, mata por un celular o llama a las masas a proteger su permanencia en un cargo público. La ley es vista en Colombia como un palo en la rueda de las acciones individuales. Es un costo excesivo que no se puede cubrir. Un lujo que aplican los de arriba sobre los de abajo para conservar el status quo. No digo que esto último sea mentira. Es apenas un ejemplo más de la guerra en todos los frentes que enfrenta –y pierde- la conciencia de legalidad en nuestro país. Peor aún: la ley es una mercenaria. En eso la han convertido los leguleyos.

La Procuraduría, actuando dentro de unas competencias constitucionales y legales claramente definidas –lo explico aquí- sancionó a Petro por afectar la libertad de empresa y por poner en riesgo al medio ambiente con su modificación al modelo de recolección y disposición de residuos del Distrito, removiéndolo de su cargo e imponiendo una inhabilidad de 15 años -casi una pena de muerte electoral-. ¿Exageró? quizá, ¿actuó arbitrariamente? puede ser. No me sorprendería descubrir que las 500 páginas de fundamentación que se gastó la Procuraduría en demostrar que la conducta de Petro merecía un castigo tan serio sean apenas un disfraz detrás del cual se ocultan las motivaciones personales de Ordóñez. Hay quienes dicen que esa decisión le limpia el camino para lanzarse a la presidencia en 2018.

Pero cuánto mal hace que el Alcalde solo lea la decisión de la Procuraduría en estos términos, que no sea capaz de sentarse en su despacho, cerrar la puerta y conocer, página a página, las razones que condujeron a que fuera desprendido de su cargo. Si el Procurador se hubiera extralimitado en el ejercicio de sus funciones, la ley estaría del lado de Petro. El Alcalde tendría la posibilidad de controvertir la resolución ante un juez, que también podría suspender la ejecución del acto para evitar que pusieran a Petro en la calle y le cerraran las puertas del Palacio de Liévano en las narices. Si Petro hubiera sido víctima de una violación al debido proceso, tendría una acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos. Si todo eso fallara, Petro podría acudir a la CIDH para solicitar medidas cautelares e incluso iniciar un caso contencioso contra Colombia ante la Corte IDH.

No fue ése el camino seleccionado por el Alcalde. Él prefirió salir al balcón a gritar, rodeado de sus aliados políticos. Era de esperarse que sus llamados a ‘hacer respetar la democracia’ tuvieran acogida inclusive más allá de sus electores. Es innegable que el gobierno Distrital –a pesar de las críticas que se han formulado frente a varios aspectos de su gestión- ha sido un aliado de los animalistas, la población LGBTI, las personas de bajos recursos y otros sectores que hoy le sostienen el balcón. Pero la indignación por las actuaciones de Ordóñez también ha movido masas. El Procurador ha actuado arbitrariamente en el pasado y no ha sufrido consecuencia alguna, tiene amigos en el Congreso, en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. Quien no tiene una deuda de lealtad con Ordóñez por los nombramientos que ha hecho al interior de la Procuraduría, le tiene miedo a la espada de Damocles que representa su poder disciplinario. La destitución de Petro fue la gota que rebosó la copa.

Sin embargo, los llamados de Petro son ‘panditos’. Ven en una plaza llena de gente arengando la única forma posible de democracia, se valen de recursos públicos para ser transmitidos –desde las horas que se gasta Petro, cuyo sueldo pagan todos los contribuyentes, hasta el uso abusivo que se le ha dado al portal de la Alcaldía, que parece el sitio de un partido de oposición- y solo respetan la ley cuando les conviene. Basta comparar la respuesta del Alcalde a su destitución con los llamados a respetar el fallo de tutela con el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspendió para comprobarlo.

La conducta de Petro bordea peligrosamente la ilegalidad. El Alcalde hace un uso indebido de los bienes del Distrito para aferrarse a su silla y utiliza su cargo para participar en controversias políticas, lo que a primera vista parece contrario al Código Penal y al Código Único Disciplinario. Sus seguidores no tuvieron ningún problema en taponar el precario sistema judicial colombiano con un millar de tutelas para que permaneciera en el cargo, ignorando que tales acciones deben ser resueltas de manera prioritaria y dejan en un segundo plano a los cientos de procesos que cada juzgado debe atender y a los ciudadanos involucrados en ellos. Paradójicamente, el Alcalde también acude al derecho para justificar su actitud desenfrenada, parece insinuar que la democracia trasciende al derecho -¿lo hace, realmente?- y que la justicia es únicamente su justicia. En lo último se parece a Ordóñez.

El leguleyo es un personaje vil que causa repugnancia en la conciencia colectiva colombiana. Su actitud tramposa, los malabares que juega con las normas y esa manía de encontrar errores procesales que le permitan salirse con la suya –aún en contra de la justicia sustantiva- lo hacen detestable. Es engañoso y escurridizo como el mismísimo diablo, pero habla con la voz sacrosanta del derecho. Otra de sus cualidades es que siempre está del lado de nuestros adversarios. Este personaje se alimenta de nuestra ignorancia y apatía para vendernos sus engaños. Sus discursos son cascarones vacíos, palabras pensadas con base en la coyuntura y solo para lucrarse de ésta.  

Mientras la ley no sea tomada en serio, habrá toda suerte de leguleyos buscando interpretaciones torcidas y marrulleras de las normas que les permitan proteger sus intereses. 

Mientras no haya entre nosotros una conciencia de legalidad habrá Ordóñez y habrá Petros. 

25-01-2014

21:54