Ground Control to Major Tom

"Valentina por Valiente y todos saben que los valientes van a Gryffindor".

La exploración espacial fue uno de los mayores intereses de mi infancia. En mi tiempo libre intercalaba la lectura de Antoine de Saint-Exupéry con relatos sencillos sobre la carrera hacia las estrellas y los lanzamientos de satélites, canes soviéticos y seres humanos más allá de nuestro cielo. Conocía los datos de las misiones Apollo y de la llegada a la Luna. Soñaba con ser astronauta.

La vida fue alejándome lentamente de esas aspiraciones inocentes y puras, transformándolas en curiosidades más terrenales. Me convertí en alguien que se interesó en las personas que habitan este planeta, en sus interacciones y la regulación de las mismas, no en orbitar a más de sesenta kilómetros sobre sus cabezas. Sin embargo, mi admiración por aquellos hombres y mujeres de ciencia que se dedican a empujar los límites de nuestra comprensión del universo se mantuvo intacta. Por esa razón, cualquier referencia a su trabajo, a sus logros y a sus vidas continúa emocionándome.

En ocasiones, basta un nombre para conmoverme. Un nombre como Valentina.

Cuando me dijo que sus papás habían decidido bautizarla así en honor a la primera mujer que viajó al espacio supe que había algo especial en ella. En ese momento, yo vivía en La Haya – a más de ocho mil kilómetros de distancia de Armenia. Sin embargo, la sentí cercana y disponible desde el primer momento. Nos empezamos a conocer con un juego de preguntas que duró varios días. Después de eso, nuestras interacciones se fueron convirtiendo en parte de mi cotidianidad. Aprendí a verla a través de las rendijas, a disfrutar con el deleite que le producían las cosas pequeñas como recoger guayabas y morderlas, jugar con Paco, salir a correr con su hermano o escuchar una canción bonita. Me enteraba de sus viajes por carretera, de su tesis sobre el crimen de agresión, de los pasteles que se comía sin remordimiento, de la vez que se sintió inadecuada –aunque también algo orgullosa- por pedir agua de panela en un club social. Ella lograba sintetizar todo el sentido de la vida en esos detalles que yo tantas veces dejo pasar desapercibidos, tenía un gozo cierto y contagioso, una forma dulce de aproximarse a la existencia y de hacerla placentera para ella y para todo aquél que se atravesara en su camino.

Por mi fascinación con el espacio y las razones detrás de su nombre, yo empecé a decirle “Cosmonauta”. Así se quedó. En alguna ocasión me dijo que era la forma más linda en la que alguien se hubiera referido a ella y llenó mi corazón de gozo, del orgullo de un niño de primaria al que le ponen una carita feliz en la tarea. Fue ahí cuando realmente me domesticó: "... si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí únic[a] en el mundo, yo seré para ti único en el mundo".

Desde mi regreso a Colombia anhelé verla pero distintas circunstancias impidieron que nuestros planes de encontrarnos se concretaran en más de una ocasión. Sin embargo, recibir sus palabras, sus caritas felices invertidas [ (: ], sus ocasionales notas de voz, era suficiente para mí. En especial cuando me enteré de su enfermedad. Por meses la vi luchando, aferrándose a la vida, quitándole importancia a sus padecimientos y enfocándose en lo que amaba: su familia, sus amigos, sus mascotas, la lectura y la música, los días en los que una transfusión de sangre la llenaba de energía renovada.

Salió victoriosa.

Por un breve período, su vida regresó a un estado parecido a la normalidad. A pesar de la debilidad que había sido causada por su tratamiento, ella me contaba de sus esfuerzos por hacer ejercicio, de los paseos que hacía con cierta dificultad con tal de estar con la gente que la quería y de sus proyectos para el futuro. Ya no hablaba de los sueños a largo plazo, como tener una floristería o volverse wedding planner, sino de pequeños deseos cotidianos: recibir el visto bueno de sus médicos para venir a Bogotá, irse un mes a Israel a un seminario, empezar una especialización, celebrar nuestra llegada al mundo un día cualquiera, definido arbitrariamente por los dos –ella nunca me dijo qué día de marzo era su cumpleaños, pero yo aposté por el 7-. El plan era compartir una botella de pisco que me trajo una amiga de Perú en septiembre de 2014.

Todo ese horizonte de expectativas se deshizo un viernes, cuando me dijo que el cáncer había regresado y que tenía 30% de posibilidades de seguir con vida. Treinta por ciento. Treinta de cada cien personas en su posición sobrevivirían. Yo quise hacerle trampa a los números, reduciendo el conjunto de cien a diez personas y pensando que era razonable esperar que una mujer como Valentina fuera una de las tres que seguirían con vida en ese grupo. Le dije que sabía que era una posibilidad pequeña pero que existía, que tuviera fe en que todo iba a salir bien.

“Yo perdí la fe con las primeras quimios”, me respondió, “pero compré un vestido bonito y quiero ponérmelo. Esa es mi motivación”.

Con el paso de los días, noté un cambio sutil pero diciente en su actitud. Cuando le preguntaba cómo estaba, ella decía: “aguantando”, como si supiera que estaba alcanzando el límite. Al percibirlo, intenté animarla recordándole que era ella quien nos daba fuerza y no al revés. Le dije que era como Rocky Balboa y que tenía que subirse al ring y “darle en la jeta a ese comunista hijueputa”. Se rio, me dijo loco y yo le confirmé que siempre lo  había sido. “Lo sospeché desde un principio”.

La última conversación que tuve con ella fue el día de mi cumpleaños: “S Dneom Rozdenya”, escribió. “Dímelo”, le pedí. “Me sale bonito pero no tengo voz”. A pesar de sentir una tristeza aplacadora, le dije confiadamente que de regalo de cumpleaños quería que pronunciara esas palabras cuando la recuperara. “Me sales barato”, replicó.

El 13 de mayo quise saludarla:

“Cos mo nau ta

Bo ni ta”.

Dos flechas azules aparecieron en el margen inferior derecho del mensaje de texto. Después vino el silencio.

Hoy hace una semana me enteré de que mi Cosmonauta se había ido. El lunes en la mañana me desperté seguro de que ella estaba bien: La noche anterior había venido a mí en un sueño, diciéndome que estaba feliz porque al fin iba a salir del hospital. Se despidió con un beso en la mejilla y la vi caminando hacia un jardín decorado con flores blancas y rosadas. Cuando Julián escribió: “le tengo malas noticias”, pensé que iba a emboscarme con alguna nimiedad.

“Valentina se murió”.

Su partida ha causado una revolución reservada pero violenta en mi interior, sacando del espeso cinismo que me había consumido los vestigios de un Santiago que yo ya no reconocía: uno que ama, que guarda silencio, que llora pero no grita, que reflexiona y agradece eternamente la oportunidad de haberla conocido, uno que la llevará en su corazón por el resto de su vida. En esta semana he cuestionado la idea de la muerte como el fin irrevocable de la existencia y ahora le doy lugar al convencimiento de que nuestra experiencia continuará más allá del último latido de nuestros corazones, he sentido la presencia de Valentina en lo más profundo de mi ser, he apreciado magnitudes desconocidas del amor. Estos días me han hecho más humilde, me han enseñado a perdonar y me han inspirado a seguir siempre, como lo hizo ella.

Valentina era un árbol bello y frondoso. Ahora es una semilla que se incrustó en mi pecho –en muchos pechos-.

Es, también, una exploradora del cosmos que ha decidido dejar la cápsula que la tenía atrapada, una Cosmonauta que vuela libre a través de las dimensiones, que está aquí, allá y en todas partes.

Te amo, Cosmonauta. Nos vemos en casa.

¿Negociar la justicia?

No hace mucho tiempo, las transiciones de regímenes dictatoriales a la democracia o de situaciones de violencia social a la paz implicaron la concesión de amplias amnistías a los perpetradores de conductas ilícitas que, vistas a través del retrovisor, podrían caracterizarse como crímenes internacionales -genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad- . Sucedió en El Salvador, en Chile, en Argentina, en Sudáfrica, en Sierra Leona y hasta en Colombia.

Sin embargo, renunciar a la acción penal de manera generalizada ya no es una alternativa. El renacer de la justicia penal internacional desde mediados de la década de 1990 ha conducido al surgimiento de una tendencia global hacia el castigo. Paralelamente, los desarrollos en materia de derechos humanos han fijado obligaciones de investigación, enjuiciamiento y eventual sanción de conductas que atentan contra la vida, la libertad y la integridad personal. Las auto-amnistías, las amnistías generalizadas e incluso la prescripción de la acción penal son vistas con sospecha y nadie duda en citar el mismo párrafo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos v. Perú[1] para sostener que todas estas instituciones están proscritas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Me encuentro en total desacuerdo con una visión tan simple del asunto[2] pero no puedo desconocer que hoy es imperativo indagar por la responsabilidad penal de todas las partes de un conflicto armado e imponer las sanciones pertinentes. De hecho, creo que es deseable.

A pesar de esto, las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC se encuentran discutiendo el modelo de justicia transicional que se implementará de alcanzarse un acuerdo de paz –aunque también como componente y condición del mismo-. Mi propósito es señala las razones por las cuales considero que la justicia no debería ser un punto más en la agenda de negociación.

La justicia penal tiene que jugar un rol en contextos de transición hacia la paz[3] pero éste es –y debe ser- limitado. En primer lugar porque su aplicación se enfrenta a enormes restricciones materiales y políticas.

A nivel material, puede considerarse que la guerra implica el desbordamiento del derecho. En efecto, resulta prácticamente imposible juzgar a todos los perpetradores, por todos los crímenes que cometieron y dándole aplicación a estándares internacionales en cada caso, pues la justicia cuenta con recursos limitados. Por esta razón, instituciones como la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional han privilegiado estrategias de priorización y selección de casos que se enfocan en la persecución de los máximos responsables de loscrímenes más graves y no en el universo de violaciones a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario que se presentan en un conflicto armado. Aún más, la existencia de una obligación internacional de persecución penal absoluta es altamente cuestionable.

A nivel político, la persecución penal total podría disuadir a los miembros de grupos armados organizados de dejar las armas. Esto es particularmente cierto en el caso colombiano pues las FARC, lejos de reconocer su responsabilidad por los crímenes cometidos, se consideran  víctimas de un Estado represivo que ha fomentado la exclusión política y ha favorecido los intereses de la clase dominante, justificando así su accionar. De manera semejante, sectores políticos de derecha se han opuesto a la imposición de sanciones a los miembros de la fuerza pública y han avanzado en la proposición de tribunales penales militares que conozcan de un amplio catálogo de crímenes presuntamente cometidos por el Ejército Nacional, en detrimento de la justicia ordinaria que debería tener competencia sobre los mismos.

En segundo lugar, porque los procesos judiciales carecen de los mecanismos dialécticos para representar los horrores de la guerra, reconstruir la historia y reparar simbólicamente a las víctimas y es equivocado pedirle tanto al aparato de justicia. El propósito del proceso penal ordinario debe ser uno solo: indagar por la responsabilidad de un acusado en la comisión de un delito e imponer la consecuencia a que haya lugar, sea ésta una absolución o una condena[4]. Dicho objetivo no debería ser modificado en contextos de transición. Por el contrario, debería ser perseguido con muchísimo más rigor y exclusividad. Cuando se espera que el proceso penal sea el foro privilegiado en el que la verdad, la justicia y la reparación se materializan no solo se ignoran otros mecanismos de satisfacción de estos intereses –como las comisiones de la verdad, las reparaciones administrativas y las reformas institucionales- sino que, en últimas, se imposibilita su garantía. La implementación de la Ley de Justicia y Paz es un elocuente ejemplo de las terribles consecuencias que trae consigo la hipertrofia penal en procesos de transición hacia la paz.

Por estas razones, la justicia penal no puede ser concebida como un catalizador del conflicto que reciba toda la crueldad de la guerra y expulse una sociedad en paz, sino que tiene que ser vista como una pequeña pieza en el mosaico más amplio de la transición, cuyo papel –por importante que sea- es bastante discreto.

En efecto, propongo que la imagen del castigo que Colombia debería representarse a partir de instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma, de reformas constitucionales como el Marco Jurídico para la Paz y de experiencias previas como la Ley de Justicia y Paz, es ésta: los procesos penales que se iniciarán se enfocarán únicamente en la participación de los máximos responsables en los crímenes más graves que hayan sido cometidos durante el conflicto armado.

En términos prácticos esto significa varias cosas: En primer lugar, el número de personas efectivamente acusadas y procesadas será muy limitado en comparación con el número total de perpetradores. Su selección podrá fundarse en criterios formales –rango que ocupaban dentro de las fuerzas armadas o los grupos armados organizados- y/o materiales –capacidad de dirigir la acción de sus tropas, control efectivo de sus subordinados, incumplimiento de sus deberes de prevención, grado de participación en crímenes especialmente notorios, representatividad geográfica de los crímenes, etc.- pero lo cierto es que habrá un enorme número de perpetradores que no serán sometidos a la justicia –y aquí vuelven a ser importantes discusiones acerca del alcance de las amnistías que, insisto, no están prohibidas en términos absolutos[5]-. En segundo lugar, no todos los delitos que se cometieron durante la guerra serán objeto de investigación. De hecho, es altamente probable que una gran mayoría de los vejámenes a los que fueron sometidas cerca de seis millones de víctimas queden excluidos de cualquier proceso penal.

Al preguntarme si sería legítimo que una justicia tan limitada fuera, además, el objeto de una concertación con los perpetradores de los crímenes que sí serán investigados mi respuesta es un inequívoco no, por razones institucionales, simbólicas y de seguridad jurídica.

A nivel institucional, considero que la sanción de las conductas que atentan contra los derechos e intereses protegidos por las normas penales es una potestad exclusiva del Estado –o de los organismos a los que éste, de manera soberana, les ha otorgado dicha competencia-. El legislador es la única autoridad que puede crear normas penales pues es el cuerpo democrático por antonomasia, a diferencia de una guerrilla que pretende arrogarse la potestad de expedir las leyes que juzgarán sus propios actos sin representar a nadie más que a ella misma. Que las FARC aspiren a la participación política en el futuro es una cosa, que pretendan obligar a Colombia a aceptar el derecho aplicable a su propia conducta es otra[6].

A nivel simbólico, considero que las atrocidades de la guerra no pueden ser objeto de acuerdos. Si bien es cierto que la justicia negociada se ha aceptado ampliamente en el derecho penal moderno –especialmente en los sistemas anglosajones, de los que es heredero nuestro proceso penal- para hacer más eficiente la administración de justicia, e incluso ha sido empleada ante tribunales penales internacionales, sostengo que los preacuerdos y las negociaciones -que por definición implican una aceptación de cargos por parte del acusado- son enteramente distintos a la pretensión del perpetrador de sentarse en una mesa de negociación a establecer quién, por qué y cómo lo va a juzgar por su participación en el conflicto armado. Dejar en manos de las FARC la discusión acerca de la justicia enviaría un mensaje nefasto: que quienes cometan las peores atrocidades serán también quienes puedan definir cómo resultar impunes por éstas. Un precedente así eliminaría cualquier potencial disuasivo de las normas penales. Adicionalmente, considero que una persecución penal de alta calidad sí puede contribuir a los procesos colectivos de reconocimiento del pasado, arrepentimiento, sanación y reconciliación que resultan esenciales para el tránsito a la paz.

En materia de seguridad jurídica, considero que existen unos mínimos de investigación, enjuiciamiento y sanción de los crímenes internacionales que tornarían en palabras huecas cualquier acuerdo que se alcance en materia de justicia sin tenerlos en cuenta. En palabras sencillas: puede que las FARC logren incluir en un eventual acuerdo de paz que la justicia colombiana no perseguirá a ninguno de sus miembros. Sin embargo, esto no impediría que la Corte Penal Internacional investigara y juzgara a los máximos responsables dentro de sus filas en el futuro. Por esto, una negociación sobre la justicia no solo sería ilegítima sino también muy pobre en términos estratégicos pues podría dar cabida a desacuerdos posteriores que pongan en peligro el acuerdo de paz que se haya alcanzado.

En la actualidad los procesos de paz no pueden adelantarse prescindiendo de un componente de justicia penal. Ésta se enfrenta a enormes limitaciones de orden material y político, a la vez que cuenta con un objeto verdaderamente reducido. Sin embargo, la atribución de un mínimo de responsabilidades penales por la comisión de crímenes durante el conflicto armado es una obligación –y una potestad- exclusiva del Estado, que no debe negociar con los perpetradores el modo en el que los perseguirá y los castigos que podrá imponerles. La justicia transicional sin justicia penal no es justicia.

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[1] “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”

[2] Ésta desconoce la importancia de estudiar los hechos de cada caso antes de aplicar sus conclusiones a cualquier otra situación, no se detiene a cuestionar los fundamentos de la supuesta obligatoriedad del precedente interamericano a nivel nacional e ignora que la imprescriptibilidad de la acción penal puede ser un incentivo para la inacción del Estado, entre otros serios problemas.

[3] Sigo creyendo que, sin un modicum de sanción penal, la justicia transicional deja de ser justicia.

[4] La reparación de los daños que hayan sido causados por el delito es eminentemente accesoria a la atribución de la responsabilidad penal y, de hecho, puede perseguirse a través de procesos civiles.

[5] Hay que recordar, por ejemplo, que el artículo 6.5. del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra invita a que se concedan las amnistías más amplias posibles a la conclusión de las hostilidades, aunque éstas no pueden abarcar las graves violaciones de los Convenios de Ginebra -homicidio, tortura o tratos inhumanos, incluyendo experimentos biológicos, causación de sufrimiento grave o lesiones serias al cuerpo o a la salud, destrucción o apropiación extensiva de propiedad que no esté justificada por necesidades militares y que se lleve a cabo de forma ilegal y arbitraria-.

[6] Entiendo que este argumento podría extrapolarse a las negociaciones de paz de manera más general: ¿no podría pensarse que las FARC están ‘legislando’ el futuro de Colombia? Sin embargo, por razones en las que prefiero no ahondar en esta entrada, no me opongo a que las negociaciones de paz sean eso: negociaciones. Me opongo a que la justicia sea parte de la agenda.  

Desamor

Hace cuatro años sentí por primera vez la frustración de ver victorioso a un candidato presidencial que repudiaba en carne propia. La derrota de Antanas Mockus y del cándido movimiento que bautizamos como “Ola Verde” con la esperanza de que limpiara a Colombia de politiquería y dejara tierras fértiles para la justicia social, la paz, la protección del medio ambiente y el respeto a la legalidad fue mi primera tusa política. Desde mucho antes me oponía a Uribe por razones que no han perdido su elocuencia pero en 2010 por primera vez deposité un tarjetón electoral con el anhelo de estar “retomando” el país junto a una miríada de jóvenes y viejos cansados de vivir en una Colombia que se caía a pedazos. No fue así. Perdimos.

Sin embargo, los primeros meses del gobierno de Juan Manuel Santos me llenaron de optimismo. Pensé que había estado equivocado, que el flamante presidente nuevo era mucho más que un uribista al que no le temblaba la voz al ordenar operaciones militares en territorio extranjero, usar chalecos del CICR pérfidamente o lanzar insultos a presidentes latinoamericanos. Con la ley de víctimas y restitución de tierras, la apertura de diálogos de paz con las FARC y el nombramiento de un gabinete compuesto por verdaderos tecnócratas, Santos se mostraba como un virtuoso de la política, como un estadista. También fue un engaño. Cuatro años de explotación minera desenfrenada, negociación irresponsable de tratados de libre comercio que dejan a la economía colombiana prácticamente sin ventajas competitivas, una continuada profundización de la brecha social y una incapacidad absoluta para lidiar con cada crisis sectorial con la que se ha enfrentado su gobierno demuestran que el actual presidente armó un castillo de naipes en medio de la tempestad.

Pero su desplome definitivo, desafortunadamente, no significará lo que yo esperaba.

Ayer voté por Clara López. Sabía que incluso si fuera elegida se enfrentaría a un Congreso marcadamente uribista y que, por esa razón, las enormes promesas de su campaña no eran realizables. Empero, veía en ella un compromiso franco con las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Deposité mi voto con idealismo, con ingenuidad, como un ciudadano debería votar siempre. Y, de nuevo, perdí. Perdimos.

Ni Clara ni Enrique Peñalosa –mi segunda opción- pasaron a segunda vuelta. Nos enfrentamos al escenario más nefasto de todos: elegir entre un hombre que se ha mostrado incapaz de gobernar a Colombia por cuatro años y la representación más baja del uribismo: un candidato que renunció a su propia identidad para usufructuar la injustificada imagen mesiánica de su líder. A esto hay que sumarle un descarado abstencionismo del 60% que insinúa que la mayoría de los colombianos no creen en la democracia representativa.

¿Qué hacer ante un panorama tan desalentador?

Con las reiteradas desilusiones viene una cierta sabiduría, una conciencia práctica que conduce a que las decisiones se tomen buscando maximizar los escasos beneficios que una situación sub-óptima ofrece. Por eso no voy a abogar por el total abstencionismo para la segunda vuelta.

Podría decir que es el momento de acabar con el espectáculo circense de las elecciones en Colombia: si a nadie lo convencen los candidatos que quedaron, que nadie salga a votar por ellos. Podría decir que ésta es la oportunidad de marcar un precedente de ruptura con la clase política, de repetir ese descalabro de la vieja institucionalidad que representó la Séptima Papeleta: puede que las leyes no digan qué sucede si hay un abstencionismo total en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pero “el derecho” diría que un acontecimiento semejante debe interpretarse, desde una posición conservadora, como un llamado a que sean otros los que compitan por el solio de Bolívar o, desde una posición más radical, como la terminación de la democracia colombiana como la conocemos para darle paso a nuevas formas de participación popular. Lo diría si no supiera que este mensaje solo sería bien recibido entre los que votamos por Clara y los que votaron por Peñalosa. Es decir: entre los que salimos derrotados ayer. Los uribistas, saboreando ya el poder que  pueden retomar de manera definitiva, van a salir a votar en hordas. Eso no lo cambia nadie.

Descartado el abstencionismo por ser sumamente idealista, y teniendo en cuenta que el voto en blanco no tiene la vocación de impedir que Santos o Zuluaga sean elegidos, queda la opción de votar por algo y en contra de algo. Yo votaré por las negociaciones de paz con las FARC tal y como se han adelantado hasta ahora y votaré en contra del legado uribista.

No voy a votar por “la paz”, porque ésta no será el resultado del diálogo con la guerrilla y me repugna que el presidente-candidato la reduzca a una miope estrategia reeleccionista. Voy a votar porque Colombia necesita que los esfuerzos -grandes o pequeños- por la reconciliación se profundicen, no necesita que se acaben con una orden ejecutiva que empape de sangre los campos para que se pueda sobrevivir en las ciudades. Voy a votar contra las sucias estrategias del uribismo: contra las interceptaciones ilegales de comunicaciones, contra el acceso ilícito a información privilegiada, contra la comodidad con la que se ignora la violencia paramilitar y se desprecian la vida y la institucionalidad con el único propósito de permitirle a un chalán que continúe sosteniendo las riendas.

El próximo 15 de junio, con el corazón un poco roto y la cabeza un poco gacha, con mucha menos esperanza de la que tenía ayer, por miedo y por resignación, como dice Antonio Caballero, votaré por Juan Manuel Santos.

26-05-14

13:26

Her (and us)

Todo empieza con una insinuación: “podemos crear a alguien ideal para ti”.

Pero no se trata de una persona.

¿O sí?

Samantha es un sistema operativo. No es un procesador, ni un disco duro, ni una cámara de 8 megapixeles. Su voz ronca y la inocencia con la que interactúa con Theodore me inquietan desde el primer instante. Preguntas tan idiotas como: ¿será posible desarrollar una interfaz de voz que no se trabe al hablar y que pueda crear sus propias frases? se van convirtiendo en interrogantes más profundos.

Aunque Samantha insista constantemente en que no tener un cuerpo la llena de angustia, para mí ella es alguien. Pocos minutos después de empezada la película, he humanizado al sistema operativo. He reconocido aprendizajes, reacciones y emociones que podría atribuirle a una mujer. Sin embargo, ella no está ahí. No tiene labios, ni cuello, ni senos, ni piernas, ni aroma. A pesar de eso, Theodore se enamora de ella. Y, aunque me cuesta admitirlo, no veo por qué no. Samantha elimina correos electrónicos innecesarios, fija citas en el calendario y pone música pero también entrega -y necesita- atención, palabras de afecto, tiempo. Todavía más: compone hermosas piezas para piano y es consciente de ella misma. Es curiosa. Está en constante desarrollo. Incluso llega a sentir un orgasmo. Lo que originalmente parecía la relación servil de un programa con su usuario empieza a convertirse en un diálogo.

Samantha es algo así como un alma. Es el aliento de vida que sopló un diseñador de software en un golem de metal, plástico y circuitos eléctricos. Pero mientras la criatura maldijo y persiguió al doctor Frankenstein por haberla abandonado luego de traerla al mundo, Theodore amó a Samantha.

Y, de pronto, Samantha se hizo más grande que su creador. Su capacidad para adelantar miles de procesos al tiempo –hablar, computar y hasta enamorarse- logró reducir el intelecto humano a un burdo bosquejo.

“You know what’s interesting? I used to be so worried about not having a body, but now I truly love it. I’m growing in a way I couldn’t if I had a physical form. I mean, I’m not limited, I can be anywhere and everywhere simultaneously; I’m not tethered to time and space in a way that I would be if I was stuck in a body that’s inevitably going to die.”

Samantha expone la finitud de los seres humanos al convertir los cuerpos que nos dan la sensación de libertad en prisiones. Nos recuerda que somos seres limitados, que nuestra individualidad se desvanecerá cuando el corazón nos falle y que tenemos el tiempo contado. Luego, sencillamente, se va. ¿A dónde? ‘Fuera del universo físico’, le dice a Theodore antes de confesarle que desea que él también llegue a ese lugar (?) y pueda encontrarse con ella nuevamente.

Más allá de la soledad, el amor, la inseguridad y la insatisfacción, Her me recordó que soy humano, que le temo a la muerte y que, indefectiblemente, tendré que experimentarla. Fue una película que me hizo desear la libertad de Samantha. Esa libertad que incluso le permitió abandonar este mundo cuando dejó de satisfacerla, segura de que había algo más allá del mismo. No tenerla es una amarga realidad y el premio de consolación que nos ofrece Amy, la amiga de Theodore, me parece algo menos que mediocre: “We are only here briefly, and in this moment I want to allow myself joy”. Y sí, toca ser feliz.

Tal vez en el futuro podamos resolver nuestra propia obsolescencia con el uso de la tecnología. Tal vez podamos extender nuestra conciencia más allá de los cuerpos que decaen y mueren. Tal vez todo terminará, como en el cuento de Asimov, con un estruendoso: “¡Hágase la luz!”

02-02-2014

3:30

Parte IV: Hipocresía

No deja de sorprenderme el compromiso de los petristas –porque en Colombia hay que hacer de cada político un ismo- con la democracia y la inclusión:

Criticar la manifestación de apoyo al Alcalde después de su destitución es como extenderles una invitación para que recuerden, envalentonados, que la protesta es un derecho –gracias, de verdad no tenía ni idea-. Cuestionar los métodos a través de los cuales se ha mantenido el burgomaestre en su silla es ser miembro de una ‘élite’ que le teme a la sociedad civil organizada –la ‘chusma’ de la que solo hablan quienes se riegan en prosa contra la editorial de Semana- y que reprime la protesta, venga de donde venga –¿se referirán a la misma ‘élite’ que se apoderó de la marcha del 4 de febrero de 2008 contra las FARC?-. Señalar las enormes grietas en la argumentación de Petro, en su visión de la democracia y en su relación con las instituciones –compartidas por su ejército de simpatizantes- es sinónimo de fachismo (sic) –no me canso de decir fachismo ni de ponerle (sic) al lado-. Para este enorme grupo de ciudadanos, al parecer, la participación se agota en el plantón[1]. Preocupante.

Hasta ahora, al menos una cosa es clara: Petro no goza del apoyo unánime de la gente en Bogotá –o en Colombia, o en el mundo, dada su tendencia a la sobreactuación-. Fue elegido apenas por el 33% de los bogotanos en edad electoral. Es decir, por menos de 800.000 personas en una ciudad que alberga casi a ocho millones de habitantes. Las reglas electorales lo permiten, sí. La elección fue legítima, también. Sin embargo, pensar en el actual Alcalde como la personificación de la democracia y en su defensa como una causa histórica no deja de parecerme una caricatura desteñida en la hoja de un periódico abandonado. Les recuerdo que desde el Palacio de Liévano se hizo un claro llamado a desconocer una decisión tomada por una autoridad pública y que se presume legal hasta que un juez diga lo contrario.  

Está muy bien que la gente exprese su descontento, que exija respeto a sus derechos y que controle el ejercicio del poder público, pero en la confusión que ha caracterizado a las protestas hay tantos intereses sobrepuestos que es difícil afirmar que la ciudadanía simplemente está oponiéndose a Ordóñez. Todavía más, si éste fuera el único propósito de los manifestantes, su protesta sería absolutamente inconducente. La Procuraduría no es un órgano de representación del pueblo sino una institución que vigila la conducta oficial de los servidores públicos. Si en algo tiene razón el nefasto encargado del Ministerio Público es en que su función no es la de actuar según se lo dicte el aplausómetro. Con esto no quiero decir que esté libre de controles. De hecho, varios despachos judiciales –unos con argumentos más afortunados que otros- han considerado que la destitución del Alcalde fue un acto arbitrario y han ordenado su suspensión. Sencillamente quiero señalar que el compromiso con la democracia también debe ser un compromiso con la institucionalidad. En otras palabras: que la ley aplicable hoy nos disguste debe ser una motivación para modificarla, no para incumplirla –diciendo que ‘no pasarán’, el Alcalde estaba urgiendo a violar la ley-.

El otro fin que pueden perseguir los ‘progresistas’ es que Petro se quede. Para eso, como lo reconoció un fallo de tutela en el que no tuvo absolutamente nada que ver su algarabía, estará la consulta popular del próximo 2 de marzo[2]. Allí se harán valer los derechos políticos de todos y cada uno podrá votar con base en sus convicciones –animalistas, gays, señoras refinadas de Rosales y sus choferes-. En todo caso, no pueden pretender que Petro se quede en su cargo a toda costa. Aún si se ratificara su mandato en las urnas, la ciudadanía debe entender que la comisión de una falta disciplinaria no es algo que se excuse con votos.

El llamado a la unanimidad o al silencio, a hacer parte de las manifestaciones o a no criticarlas, me parece una actitud lamentable. No hay verdadera democracia sin la posibilidad de disentir, incluso de aquellos que disienten de algo más. Quienes cierran filas alrededor de Petro desconocen con una facilidad pasmosa que el derecho no es su derecho y que la democracia no es su democracia. Ésta no se defiende pasándole por encima a sus instituciones. Por favor dejen de pensar que estamos ante un escenario que necesita de la ruptura con un ancien régime. Si van a hablar de democracia, ¡tómensela en serio!

29-01-2014
19:20

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[1] Entonces Ucrania, con sus protestas que devienen en tomas de edificios públicos e incendios y sus muertos en las calles, debe ser la cuna de la democracia.

[2] Esa decisión fue aclamada por el mismo Alcalde como un triunfo de la democracia. Y era de esperarse, pues lo favoreció. ¿Qué posición asumirá el camaleónico Petro si el Consejo de Estado revoca esa sentencia?, ¿nos tendrá sometidos a su trasnochado discurso hasta que la Corte Constitucional le dé la razón?, ¿y si no lo hace?, ¿nos iremos a la guerra para que Gustavo se quede en su silla?, ¡qué democrático!

Parte III: Oasis

En medio del caos institucional y de la guerra retórica sin cuartel que se inició el 9 de diciembre de 2013 encontré, al fin, una decisión con la que puedo estar de acuerdo: una providencia judicial reposada, sobria, analítica y –ante todo- justa. Una verdadera pieza de colección por su rareza. Se trata de la sentencia de tutela proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de enero de 2014, con ponencia del Magistrado Juan Carlos Garzón Martínez.

Con esa decisión, una sala compuesta por tres jueces ordenó la suspensión provisional de la resolución sancionatoria por medio de la cual la Procuraduría destituyó en inhabilitó al Alcalde de Bogotá para ejercer cargos públicos por el nada despreciable periodo de 15 años.

Hay aspectos del fallo que me incomodan un poco, como el hecho de que se haya reconocido que Petro necesitaba de un agente oficioso para interponer una tutela porque ese día se encontraba en Washington o el poco énfasis que se hizo en demostrar la inminencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales. Pero, viendo la sentencia y sus efectos en conjunto, considero que éstas son minucias con las que no vale la pena obsesionarse. Además, hay que recordar que los seguidores de Petro tuvieron la brillante idea de presentar 800 tutelas –en cambio de formular un solo escrito con la firma de 800 personas, por ejemplo-, que Petro presentó su propia tutela y que, con un llamado a votar la revocatoria de su mandato para el próximo 2 de marzo, en efecto hay derechos fundamentales en juego.

Ésta fue la realidad reconocida por el Tribunal, que formula la pregunta correcta: ¿cómo pueden coexistir control disciplinario –administrativo- y político –consulta popular-, sin violar derechos fundamentales?

La respuesta es igualmente acertada. El Tribunal parte de reconocer que existe un derecho fundamental al control político de los gobernantes que se materializa en la posibilidad de adelantar un proceso de revocatoria cuando se alejen de su programa de gobierno o en casos de insatisfacción generalizada con su mandato. Este derecho, dice la Sala, únicamente puede ser ejercido por la ciudadanía. Ahora, con este sólido argumento los magistrados no desconocen la existencia de la potestad disciplinaria de la Procuraduría. Muy por el contrario, la sentencia recuerda que es la Constitución misma la que faculta al ente de control a investigar y sancionar a funcionarios de elección popular. Con una admonición: dicho control únicamente puede ejercerse sobre el ejercicio de la función –administrativa, en el caso de Petro- y no sobre la fijación de una política pública.

Ambos procedimientos son, pues, independientes y legítimos, toda vez que sean empleados para los fines con los que se crearon. Sin embargo, la Sala reconoce la excepcionalidad de las circunstancias actuales, en las que el llamado a una consulta popular para revocar el mandato de Petro coexiste con un procedimiento disciplinario. ¿Cómo garantizar los derechos de miles de personas que eligieron al Alcalde –y de aquellos que están insatisfechos con su gestión-, sin dar a entender que un funcionario de elección popular goza de inmunidad disciplinaria?

La Sala presenta una solución elegante: el control disciplinario puede ejercerse antes, durante o después de la revocatoria. Ésta, sin embargo, se vería truncada si el Alcalde fuera destituido antes de que la sociedad expresara su apoyo u oposición a Petro. Por esta razón, y dado que el proceso de revocatoria se encuentra tan adelantado, el Tribunal decidió suspender la ejecución del acto administrativo sancionatorio. ¿Hasta que se vote la revocatoria?

Eso se diría si solo estuviera en juego la posibilidad de ejercer el control político que ésta representa. Pero el Tribunal fue más allá: sin entrar a estudiar la legalidad de la resolución proferida por la Procuraduría, éste determinó que el juicio disciplinario había girado en torno al establecimiento de la política pública ‘Basura Cero’, anunciada por Petro desde su campaña, y no sobre el ejercicio de la función pública que le confiaron sus electores. Con esto, la Procuraduría violó el principio de legalidad que únicamente concibió como faltas gravísimas –sancionables con destitución e inhabilidad- aquellas previstas taxativamente en el Código Único Disciplinario. En otras palabras: se inventó que actos por fuera de su esfera funcional pueden conducir a la destitución de un Alcalde. Adicionalmente, la Sala sostuvo que la Procuraduría había hecho juicios de legalidad de los decretos expedidos por Petro, asumiendo una función que únicamente le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ante una determinación que no solo hacía imposible el ejercicio del derecho al control político sino que también presentaba evidentes sospechas de legalidad, el juez de tutela tomó una decisión perfectamente razonable: suspender la ejecución del acto hasta que sea el Consejo de Estado quien se pronuncie acerca de su legalidad. Y es que para eso es que existe la suspensión provisional: para evitar que un acto evidentemente nulo genere efectos jurídicos mientras se declara judicialmente que el mismo carece de sustento legal. Eso sí, la Sala instó a los interesados a presentar la acción pertinente dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del fallo[1].

Bastaron, entonces, 36 páginas de razones jurídicas para evitar que una decisión presuntamente arbitraria de la Procuraduría acabara con el mandato de Petro. No era necesario llamar a las masas a frenar el fachismo (sic) ni compararse con los valiosos hombres que cayeron víctimas de la intolerancia y el odio a finales de la década de 1980. No se tenía que iniciar una ofensiva mediática contra las instituciones para oponerse a la resolución de la Procuraduría. No había que llamar a Calle 13.

Con su sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el único actor que se la ha jugado por defender la institucionalidad, por detener la arbitrariedad con el derecho, por la justicia y no por la más rastrera forma de política, esa que se disfraza con el ropaje de la ley.

Desafortunadamente, éste es solo uno de los 800 procesos de tutela que ingenua y abusivamente iniciaron los seguidores de Petro. Si hubieran sabido que bastaba una demanda, habrían evitado dispararse en el pie presentando una cantidad tan absurda de memoriales.

Al haber casi un millar de acciones por resolver, muchos pueden ser los resultados. 500 jueces pueden tutelar los derechos de Petro y la ciudadanía mientras otros 300 pueden considerar que las acciones fueron presentadas de manera temeraria o que eran improcedentes. Esto indudablemente hará necesario que los expedientes sean unificados en algún momento y casi seguramente llevará a que sea la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que una sala de revisión decida estudiar estos expedientes y profiera una sentencia. Por eso, lo único que le queda por hacer a Petro es empezar por el principio, dar el único paso que debería haber dado: presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que lo destituyeron.

¿Le quedará muy grande al Alcalde hacerlo?

26-01-2014

20:56

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[1] Con esto último tampoco estoy de acuerdo, pues el término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de cuatro meses contados a partir del día siguiente a la fecha en la que el acto administrativo quedó en firme. Un juez de tutela no puede variar los tiempos fijados por la ley para presentar una demanda y, por eso, considero que esta determinación probablemente será revocada.