Parte II: Leguleyos

Se equivocan quienes consideran que una aproximación jurídica al debate sobre la destitución de Petro es apolítica. Todo lo contrario: apelar al respeto a la ley parece incluso una actitud subversiva ante el natural desprecio que genera el derecho en la cotidianidad colombiana en la que la ventaja es del ‘vivo’, del que hace doble fila en el semáforo, mata por un celular o llama a las masas a proteger su permanencia en un cargo público. La ley es vista en Colombia como un palo en la rueda de las acciones individuales. Es un costo excesivo que no se puede cubrir. Un lujo que aplican los de arriba sobre los de abajo para conservar el status quo. No digo que esto último sea mentira. Es apenas un ejemplo más de la guerra en todos los frentes que enfrenta –y pierde- la conciencia de legalidad en nuestro país. Peor aún: la ley es una mercenaria. En eso la han convertido los leguleyos.

La Procuraduría, actuando dentro de unas competencias constitucionales y legales claramente definidas –lo explico aquí- sancionó a Petro por afectar la libertad de empresa y por poner en riesgo al medio ambiente con su modificación al modelo de recolección y disposición de residuos del Distrito, removiéndolo de su cargo e imponiendo una inhabilidad de 15 años -casi una pena de muerte electoral-. ¿Exageró? quizá, ¿actuó arbitrariamente? puede ser. No me sorprendería descubrir que las 500 páginas de fundamentación que se gastó la Procuraduría en demostrar que la conducta de Petro merecía un castigo tan serio sean apenas un disfraz detrás del cual se ocultan las motivaciones personales de Ordóñez. Hay quienes dicen que esa decisión le limpia el camino para lanzarse a la presidencia en 2018.

Pero cuánto mal hace que el Alcalde solo lea la decisión de la Procuraduría en estos términos, que no sea capaz de sentarse en su despacho, cerrar la puerta y conocer, página a página, las razones que condujeron a que fuera desprendido de su cargo. Si el Procurador se hubiera extralimitado en el ejercicio de sus funciones, la ley estaría del lado de Petro. El Alcalde tendría la posibilidad de controvertir la resolución ante un juez, que también podría suspender la ejecución del acto para evitar que pusieran a Petro en la calle y le cerraran las puertas del Palacio de Liévano en las narices. Si Petro hubiera sido víctima de una violación al debido proceso, tendría una acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos. Si todo eso fallara, Petro podría acudir a la CIDH para solicitar medidas cautelares e incluso iniciar un caso contencioso contra Colombia ante la Corte IDH.

No fue ése el camino seleccionado por el Alcalde. Él prefirió salir al balcón a gritar, rodeado de sus aliados políticos. Era de esperarse que sus llamados a ‘hacer respetar la democracia’ tuvieran acogida inclusive más allá de sus electores. Es innegable que el gobierno Distrital –a pesar de las críticas que se han formulado frente a varios aspectos de su gestión- ha sido un aliado de los animalistas, la población LGBTI, las personas de bajos recursos y otros sectores que hoy le sostienen el balcón. Pero la indignación por las actuaciones de Ordóñez también ha movido masas. El Procurador ha actuado arbitrariamente en el pasado y no ha sufrido consecuencia alguna, tiene amigos en el Congreso, en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. Quien no tiene una deuda de lealtad con Ordóñez por los nombramientos que ha hecho al interior de la Procuraduría, le tiene miedo a la espada de Damocles que representa su poder disciplinario. La destitución de Petro fue la gota que rebosó la copa.

Sin embargo, los llamados de Petro son ‘panditos’. Ven en una plaza llena de gente arengando la única forma posible de democracia, se valen de recursos públicos para ser transmitidos –desde las horas que se gasta Petro, cuyo sueldo pagan todos los contribuyentes, hasta el uso abusivo que se le ha dado al portal de la Alcaldía, que parece el sitio de un partido de oposición- y solo respetan la ley cuando les conviene. Basta comparar la respuesta del Alcalde a su destitución con los llamados a respetar el fallo de tutela con el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspendió para comprobarlo.

La conducta de Petro bordea peligrosamente la ilegalidad. El Alcalde hace un uso indebido de los bienes del Distrito para aferrarse a su silla y utiliza su cargo para participar en controversias políticas, lo que a primera vista parece contrario al Código Penal y al Código Único Disciplinario. Sus seguidores no tuvieron ningún problema en taponar el precario sistema judicial colombiano con un millar de tutelas para que permaneciera en el cargo, ignorando que tales acciones deben ser resueltas de manera prioritaria y dejan en un segundo plano a los cientos de procesos que cada juzgado debe atender y a los ciudadanos involucrados en ellos. Paradójicamente, el Alcalde también acude al derecho para justificar su actitud desenfrenada, parece insinuar que la democracia trasciende al derecho -¿lo hace, realmente?- y que la justicia es únicamente su justicia. En lo último se parece a Ordóñez.

El leguleyo es un personaje vil que causa repugnancia en la conciencia colectiva colombiana. Su actitud tramposa, los malabares que juega con las normas y esa manía de encontrar errores procesales que le permitan salirse con la suya –aún en contra de la justicia sustantiva- lo hacen detestable. Es engañoso y escurridizo como el mismísimo diablo, pero habla con la voz sacrosanta del derecho. Otra de sus cualidades es que siempre está del lado de nuestros adversarios. Este personaje se alimenta de nuestra ignorancia y apatía para vendernos sus engaños. Sus discursos son cascarones vacíos, palabras pensadas con base en la coyuntura y solo para lucrarse de ésta.  

Mientras la ley no sea tomada en serio, habrá toda suerte de leguleyos buscando interpretaciones torcidas y marrulleras de las normas que les permitan proteger sus intereses. 

Mientras no haya entre nosotros una conciencia de legalidad habrá Ordóñez y habrá Petros. 

25-01-2014

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