Una Constitución para ángeles en una sociedad de lobos

En una de mis primeras clases de Sociología Jurídica leí un texto de cuyo autor no me acuerdo en el que se afirmaba que dando una mirada al sistema jurídico vigente en determinada sociedad se podría conocer el carácter de la misma, pues el derecho era algo así como la “columna vertebral” de un grupo organizado de personas. Hoy, todavía presa del romanticismo propio del estudiante, me siento burlado. En Colombia existe un amplísimo marco de derechos fundamentales que son exigibles por vía de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha tenido a bien acoger el constructo de “derechos innominados” para otorgarnos aún más garantías de las que aparecen explícitamente mencionadas en la Carta Política, el Estado se organizó de manera tal que ninguna de las funciones ejercidas por el Poder Público se impusiera sobre las demás. Todo lo contrario, se tuvo tanta fe en Colombia que se fundó el servicio que las entidades del Estado prestan en principios como el de colaboración armónica. Y qué ejemplos más hermosos de aplicación de éste nos regala la historia reciente: Una hipertrofia de la Administración, que encontró en la cooptación del Congreso la mejor forma de dar rienda suelta a sus veleidades políticas. La utilización de unas instituciones del Estado para espiar y desprestigiar a otras. Las constantes críticas del (Ex) Presidente de la República a la Administración de Justicia –Al marica al que el entonces Presidente le iba a dar en la cara era a un Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, según algunos, es una empresa criminal que persigue al ejemplar rebaño de los uribistas, mártires de la patria-.

Como si con estas conspiraciones no fuera suficiente, ahora se suman los nombramientos de algunas personas para mejorar ilícitamente su situación pensional hechos por el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo referirse a esta situación? La palabra escándalo está tan gastada que da para todo, el carrusel para mí sigue siendo una atracción infantil, no puede uno ponerse a hablar de delitos sin que haya condenas, apelar a la moral hace que los mamertos –que no son pocos- piensen que se está haciendo una taimada referencia a los valores católicos. Qué despelote. Eso, el despelote de las pensiones. Con él queda demostrada nuevamente la antagónica relación entre la realidad nacional y esa teoría que yo ingenuamente di por cierta. Pero no solo eso.

Como consecuencia de las investigaciones adelantadas contra varios Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por la Procuraduría General de la Nación uno de ellos, Henry Villarraga, va a interponer una acción de tutela. Sí, el juez disciplinario va a ir a donde un juez al que podría investigar a interponer una acción contra el funcionario que lo tendría que sancionar si se comprueban las irregularidades en las que presuntamente incurrió. De otra parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se dispone a investigar a una cantidad de personas que no hicieron sucesivos nombramientos ilegales. Como dijo Humberto de la Calle: Van a manchar a todos para que nadie quede manchado. Pero eso no es todo. Luego de haber declarado nula la elección de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación por una interpretación que la Corte Suprema de Justicia dio a su reglamento interno, el Consejo de Estado –que hizo algo semejante para llenar algunas plazas vacías-, se dispone a estudiar una demanda dirigida contra la elección de Sandra Morelli.

Sí, la situación es tan fluida como un costal de anzuelos.

Esta confrontación entre entidades públicas solo me lleva a pensar en otra inversión teórica: Thomas Hobbes señaló que de un estado de guerra en el que los afanes individuales por la supervivencia y la apropiación presentaban una constante amenaza de muerte solamente se podía salir mediante la sujeción a un pacto en el que se fundara el Estado de Derecho. El fundamento de este pactum subjectionis es sencillo. Con él la fuerza no se elimina sino que se le entrega a un único detentador legítimo, encargado de aplicarla para garantizar el cumplimiento de las leyes: El Estado. En Colombia, sin embargo, el estado de guerra se vive en su interior. Qué paradoja. Las instituciones públicas luchan por determinar cuál es la que tiene la ley de su lado en cambio de ser aplicadoras del derecho. Definirlo e imponerlo se convirtió en el objetivo por el cual se dan los constantes roces dentro del poder público. Por supuesto, esta confrontación se vale del legítimo ejercicio de acceder a la Administración de Justicia a través de demandas con las que se tuerce la teleología de las normas al punto de usarlas para bloquear la labor constitucionalmente asignada a los entes de control.

Nuestra Constitución Política propone una sociedad fundada en la dignidad humana y regida por el Derecho en su sentido material. Tristemente esa no es Colombia, tristemente su texto es solo una aspiración.

08/03/2012

15:09

Not the Attorney General we need, but the one we deserve

Ferley Espinosa, el gran jurista. El hombre que presentó una lúcida acción de nulidad contra el acto de elección de la Fiscal Viviane Morales. Ese que tiene promedio de 3,9 en la universidad y que olvidó los argumentos de su demanda cuando el reflector se posó sobre su vestido gris, su camisa morada y su corbata anaranjada. Es al menos inverosímil que un estudiante de derecho haya incoado el proceso que condujo a la renuncia de la “Dama de Hierro de la Justicia”. Especialmente si se tiene en cuenta que se encuentra rodeado de abogados que han asesorado a ex funcionarios del gobierno Uribe e, inclusive, a paramilitares como Salvatore Mancuso. A la sospecha suma el hecho de que este abogado en formación haya olvidado las razones que lo llevaron a solicitar la invalidación de la elección. Créanme, si hubiera sido yo el demandante, me habría asegurado de tener presentes los argumentos que me hicieron “famoso”. En todo caso, esto es apenas una curiosidad –para no empezar a construir una de esas teorías de la conspiración tan apetecidas por la prensa colombiana-. Lo que resulta verdaderamente inquietante son las circunstancias que rodearon la decisión que tomó la Sala Plena del Consejo de Estado la semana pasada.

En primer lugar, un corrillo de periodistas liderado por María Isabel Rueda adelantó una histriónica persecución contra Viviane Morales por su relación afectiva con el ex congresista Carlos Alonso Lucio. Sus vínculos con las autodefensas al mando de Carlos Castaño, su presencia en los foros adelantados en Santafé de Ralito para “refundar la patria” y acusaciones acerca de su calidad de asesor pago de los paramilitares hicieron de su relación con la primera encargada de la persecución penal en Colombia un blanco fácil. Y es que detrás de los micrófonos señalar los riesgos para la justicia, subrayar lo “inmoral” de la relación de la ex Fiscal no fue tarea complicada. En nuestro país los juicios paralelos adelantados por el periodismo á la Julito son cosa de todos los días. Lo verdaderamente preocupante es que la ponzoña hubiera sido suficiente para generar inestabilidad y poner a la ex Fiscal en el ojo del huracán. ¿Acaso “soluciones W” remplazó a la justicia ordinaria? ¿Es que en Colombia no hay funcionarios encargados de investigar y juzgar las presuntas irregularidades que pudo cometer Viviane Morales? Las verdaderas investigaciones, las penales, brillan por su ausencia. Algo similar ocurre con quienes criticaron a la ex Fiscal por su cercanía a Ernesto Samper Pizano. En las redes sociales es fácil encontrar a quienes afirman que a Viviane Morales le gustan los presidentes que “ponía la mafia”. Otra vez se usa una relación personal de la ex funcionaria para cuestionar su idoneidad profesional, aun desconociendo que ella fue apenas uno de los 111 parlamentarios que votaron a favor de la cesación de los procedimientos en contra de Samper por el Proceso 8000 y que, por esos hechos, no se encontró responsabilidad penal de la ex Funcionaria. Fue el ejercicio del derecho al voto parlamentario y la protección de su intangibilidad. En mi criterio estos dos ejemplos hablan de un país en el que el nepotismo no solo es una práctica política que está para quedarse, sino que también sirve como fundamento de la responsabilidad penal: Una sociedad en la que se obtienen beneficios por el parentesco también cuestiona a una persona por sus relaciones, no es necesario indagar más.

En segundo lugar, el Consejo de Estado entró a juzgar un ejercicio de interpretación de Reglamento de la Corte Suprema de Justicia que, como es obvio, le compete a ésta. La leguleyada de afirmar que la palabra “integrantes” contenida en el artículo quinto del Reglamento de la Corte se refiere a la totalidad de miembros que deberían conformar la corporación bastó para afirmar que la elección de la Fiscal estuvo viciada. No se tuvo en cuenta el número real de Magistrados debidamente nombrados y en ejercicio de sus funciones al momento de la elección, en diciembre de 2010. Si el criterio hubiera sido ese, es claro que se hubiera encontrado ajustada a derecho la elección de la Fiscal. Obtuvo 14 de los 18 votos posibles. Aún más, su elección fue ratificada posteriormente por una mayoría ajustada al Reglamento de la Corte. ¿No se subsanó una ficticia nulidad con este hecho? Seguramente aquellos que salieron a gritar que la Corte había prevaricado no tuvieron en cuenta estas consideraciones. Y no hay que culparlos, sencillamente no tenían la capacidad de hacerlo.

En tercer lugar, y esto es lo que más preocupa, la Fiscal que “tenía incómoda a la derecha colombiana” –bonito eufemismo para referirse a un sector que no ha temido desafiar la institucionalidad colombiana para mantener sus garras en el poder-, como afirmó The Washington Post, abandona su cargo en un álgido momento para la justicia nacional. Procesos fundamentales podrían verse perjudicados al perder la dirección de una funcionaria que no tuvo temor de acusar a funcionarios vinculados con actos de corrupción, persecución política y abuso de su autoridad. ¿Quiénes saldrían beneficiados en este supuesto? Claro, los uribistas más descarados, como María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias –cuya defensa ya pidió que se hagan presentes los huesitos y la carnita de Uribe en el estrado de testigos- y Luis Carlos Restrepo, que debería acogerse a los beneficios para desmovilización que él mismo aplicó de forma fraudulenta –o bobalicona-.

¿Y ahora qué? El Presidente Santos se ve avocado a presentar una nueva terna, para la que algunos dicen que solicitará la ayuda del santo patrón de Colombia. Así, me temo, pasaremos de tener una Fiscal que necesitábamos a ver elegido a uno que merecemos. En especial si se tiene en cuenta que el Consejo de Estado definió que el periodo es institucional, por lo que el nuevo acusador tendrá un periodo de apenas dieciséis meses ¿Quiénes querrían conformar una terna a cambio de tan poco?

13/02/2012

7:04

¿Cuál patria boba?

Tradicionalmente se ha dado por referirse al periodo comprendido entre 1810 y 1816 como la “Patria Boba” de manera, creo, injusta. Durante este tiempo la oligarquía criolla, temerosa de perder sus privilegios estamentales ante el incontenible clamor independentista que provenía de los sectores populares, buscó conservar el poder a través de una fórmula ampliamente conocida en la teoría política: Divide et impera. Se crearon juntas provinciales de patricios que gobernaban las regiones a partir de un modelo federal con el que pretendían asegurar sus prerrogativas. De esta manera cada provincia podía determinar su sujeción a la Regencia, a Fernando VII y a las autoridades españolas autónomamente, sin que se pusiera en peligro la unidad federal del Estado. Por otra parte, se buscó presentar los acontecimientos del 20 de julio como una petición de igualdad hecha a la Corona por los españoles nacidos en estas tierras y no como una revuelta que demandaba la ruptura de  los vínculos políticos con la Metrópoli. La idea tras estas estrategias era clara: Mantener al pueblo lejos de la toma de decisiones políticas.

Es aquí donde debo explicar por qué considero que calificar de “boba” a la patria ha sido una injusticia: Para ese entonces la élite criolla mantenía al pueblo amordazado y evadía cualquier referencia a un nacionalismo que brotaba desde los escalones sociales inferiores. La decisión de mantenerse atados a España estaba en manos de consejos de notables que contaban con un claro interés en perpetuar el dominio español sobre la Nueva Granada y que llegaron inclusive a encarcelar a hombres como Antonio Nariño, el Prócer que buscaba consolidar la autodeterminación del pueblo granadino. No fue la patria la que al unísono se hizo realista, no fueron muchos quienes buscaron domesticar los afanes independentistas de la minoría. Todo lo contrario: Los bobos fueron unos pocos.

Hoy la situación presenta ciertas semejanzas. Las divisiones que imperaron entonces continúan haciendo eco. Las élites continúan buscando la manera de garantizar su seguridad de clase mientras que la amplia mayoría de sus compatriotas es invisibilizada. Hay, empero, una diferencia protuberante: Nuestro país es una patria de nadie, es un proyecto de pocos, excluyente e indiferente. En Colombia no existe un ideal nacional que sirva de guía a la acción colectiva, a la decisión política y, en general, a la actitud de los colombianos frente a las necesidades actuales. Antaño el pueblo entero se sentía neogranadino, distinto a España y titular del derecho a la autodeterminación que le estaba siendo negado por la Corona y por los realistas criollos. En la actualidad, en cambio, son muy pocos los que se sienten colombianos. Priman las identidades regionales, de género, de clase y las autorrepresentaciones políticas sobre la comunidad imaginaria de iguales con la que nos podríamos identificar. La Nación es un proyecto que seguimos en deuda de construir.

Esto podría explicarse desde teorías como la de Charles Tilly, que señalan en la guerra el origen del Estado: Para sustentar el esfuerzo bélico se requiere de una burocracia organizada que se encargue de cobrar tributos y de regular la vida social al interior de la organización política. El Estado penetra las regiones apartadas de los centros de poder y va aumentando su robustez institucional. Por otra parte, la guerra sirve como ejercicio de creación de identidad por oposición al enemigo. Al luchar para defender un territorio, una bandera, unos sentimientos, las naciones se constituyen como unidades de significado: La lucha de tiene sentido únicamente en tanto se está defendiendo una patria.  A Colombia, se diría, le hizo falta una guerra que definiera su identidad. Ya en los albores de esa “Primera República” se percibía que la oposición a la Corona no tenía la entidad o la fuerza de convocatoria suficientes para que todos los sectores de la incipiente sociedad neogranadina se unieran en un esfuerzo de guerra por la independencia. A lo largo de la historia Republicana tampoco se dio una confrontación bélica a gran escala que llevara a que se luchara por Colombia. No. La guerra siempre fue fratricida.

Sin embargo, es altamente problemático intentar explicar la ausencia de identidad nacional desde una perspectiva semejante por, al menos, dos cosas: En primer lugar, aunque en el mundo actual es claro que prima la organización política estatal, acoger la idea de modernidad europea y considerar que no existen otras formas de construir nación sería desconocer las especificidades propias de procesos que se han adelantado al implantar instituciones foráneas en distintos contextos. En otras palabras, sería como señalar que hay una sola modernidad cuando lo que parece evidenciarse es que hay múltiples –y muy diversos- desarrollos de la misma, que se entrelazan y relacionan de manera más compleja que en un simple caminar unidireccional hacia el progreso. En segundo lugar, es evidente que la mayor regulación del ius ad bello y el crecimiento de conciencia humanitaria, que cada vez considera más ilegítima la guerra, hacen obsoleta la idea de crear identidades a costa de sangre. Esto sin mencionar que pensar en una guerra nacional a estas alturas sería un verdadero despropósito, un cruel anacronismo.

A pesar de ello, en Colombia sí se intentó fundar un nuevo nacionalismo a partir de la confrontación muy recientemente: En los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez la identidad colombiana reposó en el paradigma de la lucha contra la subversión. Una vez más nos sentimos colombianos (de bien, en esta ocasión) al oponernos como pueblo a las acciones de la subversión. Y no era una tarea difícil poner en marcha este proyecto: Casi medio siglo después del inicio de las hostilidades el conflicto se encrudecía cada vez más, se habían truncado los diálogos de paz sostenidos entre el Gobierno de Andrés Pastrana Arango y la cúpula de las FARC. Colombia se sentía burlada y, en esa hora más que en cualquier otra, la “mano dura” parecía ser la única solución posible a los retos planteados por la guerrilla.

Este intento de refundar la Nación tuvo terribles consecuencias para la democracia colombiana: Los variopintos abusos cometidos por el Poder Ejecutivo parecieron justificarse tras la lucha antisubversiva. Podría casi señalarse que la doctrina del enemigo interno, tan popular en la hora más represiva del continente, estaba recobrando su valor. Se inició una temible persecución a la administración de justicia, a los medios y a los activistas, legitimadas por la voluntad férrea de cerrar las grietas por las que se había filtrado la subversión. Colombia empezó a ver resultados que la hicieron sentirse bien encaminada: La violencia rural parecía disminuir, el control territorial de los grupos subversivos, que ya estaban llegando a Bogotá, se redujo. La guerra volvió a ser la historia de los departamentos de frontera. La gente pudo volver a “viajar por carretera”.

Empero, la verdadera historia seguía fraguándose. Lo cierto es que el Estado se convirtió en el botín de un clientelismo más violento y criminal que el que ha estado tras los cargos públicos desde el ocaso del Frente Nacional. Se volvió cuestión cotidiana enterarse del constreñimiento al electorado por parte de grupos paramilitares que lograron posicionar políticos en diversas regiones del país y que extendieron sus vínculos al Congreso de la República, se acudió al cohecho para garantizar la aprobación de una reforma constitucional que le permitiera al ahora “caudillo” Uribe Vélez mantenerse en el poder por cuatro años más de los fijados como periodo presidencial, la violencia comenzó a mutar al trasladarse a los cascos urbanos y al ser cada vez más una herramienta a disposición del narcotráfico.

Lo que resulta sorprendente es que casi dos años después de que el ahora ex presidente Uribe abandonara el poder, toda Colombia clame por el regreso de su líder al poder cuando las acciones armadas de la subversión vuelven a llamar la atención de la opinión pública.

Todo esto es posible justamente por la ausencia de un proyecto nacional que sea independiente de su fundador. Es ahora cuando vale la pena preguntarse cuál patria fue más boba, aquella que gritaba alborotada por su independencia o ésta, la actual, que pone sus esperanzas en un demagogo que “la dejó volver a viajar por carretera”, porque es tan indiferente a la idea de Colombia que prefiere endilgársela a cualquiera, salir del problema dejándola en manos de un hombre bajo cuya mirada se criminalizó la institucionalidad nacional y que sigue afirmando que los delincuentes son los que buscan impartir justicia.

27/02/2012

9:49