¿Negociar la justicia?

No hace mucho tiempo, las transiciones de regímenes dictatoriales a la democracia o de situaciones de violencia social a la paz implicaron la concesión de amplias amnistías a los perpetradores de conductas ilícitas que, vistas a través del retrovisor, podrían caracterizarse como crímenes internacionales -genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad- . Sucedió en El Salvador, en Chile, en Argentina, en Sudáfrica, en Sierra Leona y hasta en Colombia.

Sin embargo, renunciar a la acción penal de manera generalizada ya no es una alternativa. El renacer de la justicia penal internacional desde mediados de la década de 1990 ha conducido al surgimiento de una tendencia global hacia el castigo. Paralelamente, los desarrollos en materia de derechos humanos han fijado obligaciones de investigación, enjuiciamiento y eventual sanción de conductas que atentan contra la vida, la libertad y la integridad personal. Las auto-amnistías, las amnistías generalizadas e incluso la prescripción de la acción penal son vistas con sospecha y nadie duda en citar el mismo párrafo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos v. Perú[1] para sostener que todas estas instituciones están proscritas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Me encuentro en total desacuerdo con una visión tan simple del asunto[2] pero no puedo desconocer que hoy es imperativo indagar por la responsabilidad penal de todas las partes de un conflicto armado e imponer las sanciones pertinentes. De hecho, creo que es deseable.

A pesar de esto, las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC se encuentran discutiendo el modelo de justicia transicional que se implementará de alcanzarse un acuerdo de paz –aunque también como componente y condición del mismo-. Mi propósito es señala las razones por las cuales considero que la justicia no debería ser un punto más en la agenda de negociación.

La justicia penal tiene que jugar un rol en contextos de transición hacia la paz[3] pero éste es –y debe ser- limitado. En primer lugar porque su aplicación se enfrenta a enormes restricciones materiales y políticas.

A nivel material, puede considerarse que la guerra implica el desbordamiento del derecho. En efecto, resulta prácticamente imposible juzgar a todos los perpetradores, por todos los crímenes que cometieron y dándole aplicación a estándares internacionales en cada caso, pues la justicia cuenta con recursos limitados. Por esta razón, instituciones como la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional han privilegiado estrategias de priorización y selección de casos que se enfocan en la persecución de los máximos responsables de loscrímenes más graves y no en el universo de violaciones a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario que se presentan en un conflicto armado. Aún más, la existencia de una obligación internacional de persecución penal absoluta es altamente cuestionable.

A nivel político, la persecución penal total podría disuadir a los miembros de grupos armados organizados de dejar las armas. Esto es particularmente cierto en el caso colombiano pues las FARC, lejos de reconocer su responsabilidad por los crímenes cometidos, se consideran  víctimas de un Estado represivo que ha fomentado la exclusión política y ha favorecido los intereses de la clase dominante, justificando así su accionar. De manera semejante, sectores políticos de derecha se han opuesto a la imposición de sanciones a los miembros de la fuerza pública y han avanzado en la proposición de tribunales penales militares que conozcan de un amplio catálogo de crímenes presuntamente cometidos por el Ejército Nacional, en detrimento de la justicia ordinaria que debería tener competencia sobre los mismos.

En segundo lugar, porque los procesos judiciales carecen de los mecanismos dialécticos para representar los horrores de la guerra, reconstruir la historia y reparar simbólicamente a las víctimas y es equivocado pedirle tanto al aparato de justicia. El propósito del proceso penal ordinario debe ser uno solo: indagar por la responsabilidad de un acusado en la comisión de un delito e imponer la consecuencia a que haya lugar, sea ésta una absolución o una condena[4]. Dicho objetivo no debería ser modificado en contextos de transición. Por el contrario, debería ser perseguido con muchísimo más rigor y exclusividad. Cuando se espera que el proceso penal sea el foro privilegiado en el que la verdad, la justicia y la reparación se materializan no solo se ignoran otros mecanismos de satisfacción de estos intereses –como las comisiones de la verdad, las reparaciones administrativas y las reformas institucionales- sino que, en últimas, se imposibilita su garantía. La implementación de la Ley de Justicia y Paz es un elocuente ejemplo de las terribles consecuencias que trae consigo la hipertrofia penal en procesos de transición hacia la paz.

Por estas razones, la justicia penal no puede ser concebida como un catalizador del conflicto que reciba toda la crueldad de la guerra y expulse una sociedad en paz, sino que tiene que ser vista como una pequeña pieza en el mosaico más amplio de la transición, cuyo papel –por importante que sea- es bastante discreto.

En efecto, propongo que la imagen del castigo que Colombia debería representarse a partir de instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma, de reformas constitucionales como el Marco Jurídico para la Paz y de experiencias previas como la Ley de Justicia y Paz, es ésta: los procesos penales que se iniciarán se enfocarán únicamente en la participación de los máximos responsables en los crímenes más graves que hayan sido cometidos durante el conflicto armado.

En términos prácticos esto significa varias cosas: En primer lugar, el número de personas efectivamente acusadas y procesadas será muy limitado en comparación con el número total de perpetradores. Su selección podrá fundarse en criterios formales –rango que ocupaban dentro de las fuerzas armadas o los grupos armados organizados- y/o materiales –capacidad de dirigir la acción de sus tropas, control efectivo de sus subordinados, incumplimiento de sus deberes de prevención, grado de participación en crímenes especialmente notorios, representatividad geográfica de los crímenes, etc.- pero lo cierto es que habrá un enorme número de perpetradores que no serán sometidos a la justicia –y aquí vuelven a ser importantes discusiones acerca del alcance de las amnistías que, insisto, no están prohibidas en términos absolutos[5]-. En segundo lugar, no todos los delitos que se cometieron durante la guerra serán objeto de investigación. De hecho, es altamente probable que una gran mayoría de los vejámenes a los que fueron sometidas cerca de seis millones de víctimas queden excluidos de cualquier proceso penal.

Al preguntarme si sería legítimo que una justicia tan limitada fuera, además, el objeto de una concertación con los perpetradores de los crímenes que sí serán investigados mi respuesta es un inequívoco no, por razones institucionales, simbólicas y de seguridad jurídica.

A nivel institucional, considero que la sanción de las conductas que atentan contra los derechos e intereses protegidos por las normas penales es una potestad exclusiva del Estado –o de los organismos a los que éste, de manera soberana, les ha otorgado dicha competencia-. El legislador es la única autoridad que puede crear normas penales pues es el cuerpo democrático por antonomasia, a diferencia de una guerrilla que pretende arrogarse la potestad de expedir las leyes que juzgarán sus propios actos sin representar a nadie más que a ella misma. Que las FARC aspiren a la participación política en el futuro es una cosa, que pretendan obligar a Colombia a aceptar el derecho aplicable a su propia conducta es otra[6].

A nivel simbólico, considero que las atrocidades de la guerra no pueden ser objeto de acuerdos. Si bien es cierto que la justicia negociada se ha aceptado ampliamente en el derecho penal moderno –especialmente en los sistemas anglosajones, de los que es heredero nuestro proceso penal- para hacer más eficiente la administración de justicia, e incluso ha sido empleada ante tribunales penales internacionales, sostengo que los preacuerdos y las negociaciones -que por definición implican una aceptación de cargos por parte del acusado- son enteramente distintos a la pretensión del perpetrador de sentarse en una mesa de negociación a establecer quién, por qué y cómo lo va a juzgar por su participación en el conflicto armado. Dejar en manos de las FARC la discusión acerca de la justicia enviaría un mensaje nefasto: que quienes cometan las peores atrocidades serán también quienes puedan definir cómo resultar impunes por éstas. Un precedente así eliminaría cualquier potencial disuasivo de las normas penales. Adicionalmente, considero que una persecución penal de alta calidad sí puede contribuir a los procesos colectivos de reconocimiento del pasado, arrepentimiento, sanación y reconciliación que resultan esenciales para el tránsito a la paz.

En materia de seguridad jurídica, considero que existen unos mínimos de investigación, enjuiciamiento y sanción de los crímenes internacionales que tornarían en palabras huecas cualquier acuerdo que se alcance en materia de justicia sin tenerlos en cuenta. En palabras sencillas: puede que las FARC logren incluir en un eventual acuerdo de paz que la justicia colombiana no perseguirá a ninguno de sus miembros. Sin embargo, esto no impediría que la Corte Penal Internacional investigara y juzgara a los máximos responsables dentro de sus filas en el futuro. Por esto, una negociación sobre la justicia no solo sería ilegítima sino también muy pobre en términos estratégicos pues podría dar cabida a desacuerdos posteriores que pongan en peligro el acuerdo de paz que se haya alcanzado.

En la actualidad los procesos de paz no pueden adelantarse prescindiendo de un componente de justicia penal. Ésta se enfrenta a enormes limitaciones de orden material y político, a la vez que cuenta con un objeto verdaderamente reducido. Sin embargo, la atribución de un mínimo de responsabilidades penales por la comisión de crímenes durante el conflicto armado es una obligación –y una potestad- exclusiva del Estado, que no debe negociar con los perpetradores el modo en el que los perseguirá y los castigos que podrá imponerles. La justicia transicional sin justicia penal no es justicia.

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[1] “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”

[2] Ésta desconoce la importancia de estudiar los hechos de cada caso antes de aplicar sus conclusiones a cualquier otra situación, no se detiene a cuestionar los fundamentos de la supuesta obligatoriedad del precedente interamericano a nivel nacional e ignora que la imprescriptibilidad de la acción penal puede ser un incentivo para la inacción del Estado, entre otros serios problemas.

[3] Sigo creyendo que, sin un modicum de sanción penal, la justicia transicional deja de ser justicia.

[4] La reparación de los daños que hayan sido causados por el delito es eminentemente accesoria a la atribución de la responsabilidad penal y, de hecho, puede perseguirse a través de procesos civiles.

[5] Hay que recordar, por ejemplo, que el artículo 6.5. del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra invita a que se concedan las amnistías más amplias posibles a la conclusión de las hostilidades, aunque éstas no pueden abarcar las graves violaciones de los Convenios de Ginebra -homicidio, tortura o tratos inhumanos, incluyendo experimentos biológicos, causación de sufrimiento grave o lesiones serias al cuerpo o a la salud, destrucción o apropiación extensiva de propiedad que no esté justificada por necesidades militares y que se lleve a cabo de forma ilegal y arbitraria-.

[6] Entiendo que este argumento podría extrapolarse a las negociaciones de paz de manera más general: ¿no podría pensarse que las FARC están ‘legislando’ el futuro de Colombia? Sin embargo, por razones en las que prefiero no ahondar en esta entrada, no me opongo a que las negociaciones de paz sean eso: negociaciones. Me opongo a que la justicia sea parte de la agenda.  

Desamor

Hace cuatro años sentí por primera vez la frustración de ver victorioso a un candidato presidencial que repudiaba en carne propia. La derrota de Antanas Mockus y del cándido movimiento que bautizamos como “Ola Verde” con la esperanza de que limpiara a Colombia de politiquería y dejara tierras fértiles para la justicia social, la paz, la protección del medio ambiente y el respeto a la legalidad fue mi primera tusa política. Desde mucho antes me oponía a Uribe por razones que no han perdido su elocuencia pero en 2010 por primera vez deposité un tarjetón electoral con el anhelo de estar “retomando” el país junto a una miríada de jóvenes y viejos cansados de vivir en una Colombia que se caía a pedazos. No fue así. Perdimos.

Sin embargo, los primeros meses del gobierno de Juan Manuel Santos me llenaron de optimismo. Pensé que había estado equivocado, que el flamante presidente nuevo era mucho más que un uribista al que no le temblaba la voz al ordenar operaciones militares en territorio extranjero, usar chalecos del CICR pérfidamente o lanzar insultos a presidentes latinoamericanos. Con la ley de víctimas y restitución de tierras, la apertura de diálogos de paz con las FARC y el nombramiento de un gabinete compuesto por verdaderos tecnócratas, Santos se mostraba como un virtuoso de la política, como un estadista. También fue un engaño. Cuatro años de explotación minera desenfrenada, negociación irresponsable de tratados de libre comercio que dejan a la economía colombiana prácticamente sin ventajas competitivas, una continuada profundización de la brecha social y una incapacidad absoluta para lidiar con cada crisis sectorial con la que se ha enfrentado su gobierno demuestran que el actual presidente armó un castillo de naipes en medio de la tempestad.

Pero su desplome definitivo, desafortunadamente, no significará lo que yo esperaba.

Ayer voté por Clara López. Sabía que incluso si fuera elegida se enfrentaría a un Congreso marcadamente uribista y que, por esa razón, las enormes promesas de su campaña no eran realizables. Empero, veía en ella un compromiso franco con las transformaciones que nuestra sociedad necesita. Deposité mi voto con idealismo, con ingenuidad, como un ciudadano debería votar siempre. Y, de nuevo, perdí. Perdimos.

Ni Clara ni Enrique Peñalosa –mi segunda opción- pasaron a segunda vuelta. Nos enfrentamos al escenario más nefasto de todos: elegir entre un hombre que se ha mostrado incapaz de gobernar a Colombia por cuatro años y la representación más baja del uribismo: un candidato que renunció a su propia identidad para usufructuar la injustificada imagen mesiánica de su líder. A esto hay que sumarle un descarado abstencionismo del 60% que insinúa que la mayoría de los colombianos no creen en la democracia representativa.

¿Qué hacer ante un panorama tan desalentador?

Con las reiteradas desilusiones viene una cierta sabiduría, una conciencia práctica que conduce a que las decisiones se tomen buscando maximizar los escasos beneficios que una situación sub-óptima ofrece. Por eso no voy a abogar por el total abstencionismo para la segunda vuelta.

Podría decir que es el momento de acabar con el espectáculo circense de las elecciones en Colombia: si a nadie lo convencen los candidatos que quedaron, que nadie salga a votar por ellos. Podría decir que ésta es la oportunidad de marcar un precedente de ruptura con la clase política, de repetir ese descalabro de la vieja institucionalidad que representó la Séptima Papeleta: puede que las leyes no digan qué sucede si hay un abstencionismo total en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pero “el derecho” diría que un acontecimiento semejante debe interpretarse, desde una posición conservadora, como un llamado a que sean otros los que compitan por el solio de Bolívar o, desde una posición más radical, como la terminación de la democracia colombiana como la conocemos para darle paso a nuevas formas de participación popular. Lo diría si no supiera que este mensaje solo sería bien recibido entre los que votamos por Clara y los que votaron por Peñalosa. Es decir: entre los que salimos derrotados ayer. Los uribistas, saboreando ya el poder que  pueden retomar de manera definitiva, van a salir a votar en hordas. Eso no lo cambia nadie.

Descartado el abstencionismo por ser sumamente idealista, y teniendo en cuenta que el voto en blanco no tiene la vocación de impedir que Santos o Zuluaga sean elegidos, queda la opción de votar por algo y en contra de algo. Yo votaré por las negociaciones de paz con las FARC tal y como se han adelantado hasta ahora y votaré en contra del legado uribista.

No voy a votar por “la paz”, porque ésta no será el resultado del diálogo con la guerrilla y me repugna que el presidente-candidato la reduzca a una miope estrategia reeleccionista. Voy a votar porque Colombia necesita que los esfuerzos -grandes o pequeños- por la reconciliación se profundicen, no necesita que se acaben con una orden ejecutiva que empape de sangre los campos para que se pueda sobrevivir en las ciudades. Voy a votar contra las sucias estrategias del uribismo: contra las interceptaciones ilegales de comunicaciones, contra el acceso ilícito a información privilegiada, contra la comodidad con la que se ignora la violencia paramilitar y se desprecian la vida y la institucionalidad con el único propósito de permitirle a un chalán que continúe sosteniendo las riendas.

El próximo 15 de junio, con el corazón un poco roto y la cabeza un poco gacha, con mucha menos esperanza de la que tenía ayer, por miedo y por resignación, como dice Antonio Caballero, votaré por Juan Manuel Santos.

26-05-14

13:26

Tierras estériles

Al Vichada se llega de varias formas: La primera opción, la más cómoda, es viajar por aire. Se puede tomar un vuelo semanal de Satena que conecta a Bogotá con Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela. Una vez viajé de Cali a Guapi en una de las avionetas operadas por la Fuerza Aérea[1] y no me pareció una experiencia particularmente cómoda ni segura. De uno de los motores salía humo negro constantemente, las corrientes de viento sacudían a la pequeña aeronave con violencia y casi se podían rozar las copas de los árboles con las alas. En todo caso, esa es la mejor opción que tiene quien debe visitar un municipio del que muchos incluso desconocen la ubicación. Si perdió el vuelo de Satena, tiene que viajar primero a Villavicencio. En el aeropuerto Vanguardia[2] encontrará empresas como JuanAro, Aerostar, Sadelca y Selva, que ofrecen vuelos chárter en avionetas Cessna[3] o un pintoresco viaje en vetustos (digo, robustos) Douglas DC-3 o “modernos” Antonov AN-26 que tienen pura pinta de Guerra Fría.  Los vuelos son escasos, costosos y no están sometidos a las lógicas burocráticas que gobiernan los aeropuertos internacionales a los que ustedes, mis estimados lectores, deben estar tan acostumbrados. El avión despega cuando al piloto se le da la gana que despegue. De las otras dos opciones no sé mucho. La segunda es un viaje en “yate” (no piense en Islas del Rosario, es más bien un planchón) de más de seis horas que solo está disponible en invierno, cuando el río es navegable. La tercera es un viaje por tierra, en su propia camioneta 4x4. No hay carreteras. No hay mapas. Hay planicies inagotables y mucho, muchísimo, barro. Solo se puede viajar en verano y si no se va acompañado de una persona de la zona, que pueda navegar las crípticas huellas que dejan los camiones, puede ser un paseo que termine mal. Muy mal.

Este departamento gigantesco y fértil como pocos, pero abandonado por y para siempre, es el escenario de la reciente adquisición de tierras por parte de un rico ingenio azucarero del Valle: Riopaila Castilla. Con la asesoría legal de una de las firmas más rimbombantes del país, Brigard & Urrutia, la empresa compró montones de predios adjudicados por el INCODER a colonos y campesinos de la región, Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que se entregan individualmente y no pueden agruparse de ninguna manera[4].

Y la polémica se desató, con renuncia de embajador ante Estados Unidos y denuncia penal en su contra incluidas: De un lado, Francisco Uribe (el abogado del diablo, el mal hecho persona, todo aquello que todos piensan sobre los abogados en carne y hueso) sostuvo que las adquisiciones fueron ajustadas a derecho. Una sola persona (jurídica) se convirtió en propietaria de cada UAF, como dice la ley. ¿El secreto? Todas las SAS constituidas para celebrar los negocios jurídicos están bajo el control de Riopaila gracias al “sofisticado” (¿me lo puede explicar otra vez?) diseño de un esquema empresarial en el que éstas se subordinaron a una sociedad holding.  

De otro lado, un pueblo históricamente preocupado por el campo y comprometido con la equidad, la justicia social y el acceso democrático a la propiedad privada (¿no?), alzó su voz en contra de un negocio tan inmoral, ilícito y malvado. ¿Cómo se atreven a quitarle la tierra a los campesinos?

Pero, de verdad, ¿quién ha pensado en los campesinos?

La distribución de la tierra, siempre lo sostendré, ha sido una fuente inagotable de desigualdad y violencia. Tal vez si no se hubieran vendido enormes extensiones a criollos pudientes para salvar a la naciente República de su deuda externa en los 1800, el país sería otro. Si la Ley 200 de López Pumarejo no hubiera sido objeto de contrarreformas seríamos una potencia mundial. Si la “gente del campo” (ese otro al que tratamos con tanto candor) hubiera podido tener tierras productivas y no hubiera imperado el latifundio, si los dueños de la tierra no hubieran perseguido a los colonos con perros, escopetas y teas ardientes para quedarse con los predios arrebatados a la selva a punta de machete, no habría pobreza, ni narcotráfico, ni FARC, ni paras, ni guerra. Desvarío.

También lo hacen quienes, a lado y lado del escándalo, se tiran dardos sin detenerse a considerar la situación de las familias campesinas que estuvieron involucradas en estos negocios[5]. El Vichada es un departamento hermoso y rico. Pero está abandonado. Es la periferia de la periferia. Ni siquiera tiene carreteras, gente. NO. HAY. CARRETERAS. ¿Cuánto creen que le cuesta a un campesino producir, transportar y comercializar sus bienes?, ¿quién paga esa inversión?, ¿le queda un rendimiento suficiente a ese campesino para sostener a su familia? Ambos lados, en cuanto a argumentos, son tan estériles que es irónico que hablen del Vichada.

La desigualdad en Colombia no se refiere únicamente a la carencia de propiedades, sino al provecho sustantivo que se pueda obtener de las mismas. Los costos de transacción hacen casi imposible que el titular de una UAF ubicada a seis horas de Cumaribo pueda lucrarse de la producción agrícola. En cambio, enajenar estas tierras le puede representar cientos (hasta miles) de millones de pesos, abriéndole paso a la movilidad social que tener “una tierrita” en la mitad de la nada le niega. ¿Es esto realmente contrario a la función social que debe cumplir la propiedad privada según el artículo 58 de la Constitución?

Este episodio (¿cuál no?) invita a ir más allá de la atribución de responsabilidades. Después de todo, quien decide si alguien violó la ley es un juez, no nosotros. Nosotros deberíamos notar lo que está a la sombra del mal llevado debate: La pregunta, todavía irresuelta, sobre qué debemos hacer con el campo.

02-08-2013

15:12

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[1] Esas que se convierten en la única opción para llegar de manera rápida a regiones de Colombia que parecen no importarle a nadie y las mismas en las que, coincidencialmente, se transportaron víctimas inanimadas de los paramilitares en su auge.

[2] Al que llega un vuelo de LAN proveniente de Bogotá al día.

[3] Para trabajadores de las petroleras, empleados oficiales o gente que puede pagar 300.000 pesos por trayecto.

[4] El artículo 40, numeral 5o de la Ley 160 de 1994 establece: “En ningún caso un solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá ejercer el dominio, posesión o tenencia a ningún título de más de una (1) Unidad Agrícola Familiar. La violación de esta prohibición es causal de caducidad”

[5] Puedo estar equivocado, pero un contrato generalmente requiere el concierto de voluntades de dos partes.

La Pollera Colorá

"Patria es la selección nacional de fútbol"

Albert Camus

No sé mucho de fútbol y no voy a posar de erudito. Eso sería olvidar que fui, de manera consecutiva, “hincha” de Nacional y del Once Caldas, dependiendo de cuál hubiera ganado un título más recientemente. Mientras mis amigos hablaban de Beckham y Bergkamp (bien tarde descubrí que eran dos personas distintas), de las fintas de Ronaldinho o de los cortes de Maldini, yo me metía en problemas por no saber qué carajos era lo que decía la camiseta de Boca (¿Quinles?). Yo no sufrí de la fiebre por los álbumes de Panini ni estuve pendiente de las transmisiones de la Premier League por Fox Sports. En la cancha, la historia no era muy distinta. Los defensas nunca eran los jugadores más populares y los malos, esos que se enredaban al gambetear y le regalaban el balón al goleador del otro equipo, estábamos muy cerca de ser odiados.

Sin embargo, cuando jugaba la Selección (para mí siempre llevará mayúscula) algo cambiaba. Podía no saber muy bien quiénes eran los once vestidos de amarillo pero le frotaba la barriga a Max Caimán esperando que hicieran gol y sufría cuando éramos “nosotros” quienes lo recibíamos. Hoy la sensación es la misma. Cada vez que James Rodríguez se inventa un pase genial, que David Ospina se estrella contra el palo para evitar un gol o que Falcao García hace una volea en el área rival me emociono como un niño chiquito. Podrían ser otros, podría no saberme sus nombres, eso no cambiaría nada. Seguiría viendo jugar a Colombia.

Sin duda no soy la única persona que experimenta la ansiedad que genera un partido de fútbol internacional (una guerra en sus propios términos, según Andrés Dávila Ladrón de Guevara) y hasta los más escépticos de mis amigos se alegran con un triunfo patrio. Esto es lo más grande del juego: Su sentido ritual. Once individuos, que en las voces de los narradores pasan a ser protagonistas de una epopeya, son una ocasión maravillosa para recordarnos la existencia de una comunidad de la que hacemos parte. Cuando un disparo colombiano descansa en las redes, esa enorme mancha amarilla que ocupa las tribunas e incontables personas que siguen la transmisión del partido se sienten, por un cortísimo instante, iguales.

No es extraño que un deporte sirva al propósito de definir la identidad de un pueblo. En 1991, una patada que Boban dirigió a un policía que atacaba a un hincha croata en el partido que se jugaba entre el Estrella Roja de Belgrado y el Dinamo Zagreb fue una expresión histriónica de la creciente tensión étnica al interior de la ex Yugoslavia. Nelson Mandela empleó el mundial de rugby de 1995 para conformar un equipo nacional "mixto" y la victoria sudafricana frente a Nueva Zelanda incidió en la superación del Apartheid. Personajes como Maradona, Pelé o el Pibe Valderrama son héroes nacionales, casi mitos fundacionales de sus patrias. De la actitud colombiana hacia el fútbol podrían desprenderse interesantes reflexiones acerca de la forma en la que asumimos nuestra realidad: Pequeños brotes de triunfalismo en medio del mar de inconformidad que genera una Selección poco rendidora.

“Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Colombiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, seguido de una cumbia. A continuación, un abrazo honesto, infantil. Una brevísima reafirmación de algo que no se ve con buenos ojos: Nuestra identidad nacional. Esto es algo que he observado incluso en el absurdo escenario de una sala de audiencias. Víctima, fiscal, imputado y guardias del INPEC saltaron a abrazarse cuando Teófilo Gutiérrez le marcó un tercer gol a Chile.

Me gusta el ánimo que ha generado la Selección actual. He oído a muchas personas decir que vamos a clasificar al mundial. Esa actitud frente al equipo de fútbol debería extrapolarse a otros aspectos de nuestra cotidianidad.

Si le estoy empezando a sonar a libreto de Dago García es porque considero que la vinculación nacional es un asunto primordialmente emocional y dramáticamente escaso en Colombia. A algunos académicos parece sonarles ofensiva cualquier mención del sentimiento nacional, al que califican de provinciano, por oposición al cosmopolitanismo que exudan. Dicen que amar un pedazo de tierra en el que se nació por obra del azar es estúpido y recuerdan (con razón, hasta cierto punto) la larga lista de crímenes que se le pueden atribuir a esta identificación: Desde el desdén hacia los extranjeros hasta el manoseado Holocausto. Yo, por el contrario, considero que nos hace falta reafirmar el sentido de la comunidad colombiana. Ojo, no hablo de refundar la patria á la Ralito. Lo que creo, perdóneme la cursilería, es que si se lograra mantener la sensación que ocasiona un gol de la Selección en el desarrollo de nuestras actividades diarias, la cosa cambiaría. No se trata de sentirnos “mejores” que los venezolanos o los bolivianos, ni de pasarle una aplanadora tricolor por encima al individuo. Es apenas el deseo de ver a una comunidad interdependiente que trabaja por el bien común, reconociéndose en la diferencia que la caracteriza, respetándola y promoviéndola.

Leyendo un texto sobre el nacionalismo catalán, representado en el FC Barcelona, encontré unas lúcidas líneas que señalan que los seres humanos tenemos la necesidad de identificarnos con un grupo y que, dado el ocaso de la identidad familiar y tribal causado por la modernidad, la nación se convierte en el único continente posible de este impuslo. Franklin Foer, el autor del texto, también señala que el patriotismo y el cosmopolitanismo son, al menos en teoría, enteramente compatibles. Se puede amar a la nación sin desear el sometimiento de los demás países y sin caer en la xenofobia.

Siendo esto así, no veo por qué ahondar en esfuerzos por atacar la necesidad de una identificación nacional. De hecho considero que el establecimiento de una sana vinculación con la propia patria puede convertirse en el principio ordenador de un sistema de valores moderno que sirva a cada individuo al momento de tomar una decisión en procura del interés general: Reconociéndonos como parte de la comunidad imaginada que es nuestra propia nación, sabiéndonos componentes de un todo que nos sobrepasa y que es integrado por iguales a nosotros, podríamos abandonar las apetencias egoístas como principal motivación para nuestras acciones.

21-01-13

23:44