Esas fueron las palabras de Roy Leonardo, esposo de una funcionaria de la Procuraduría y presidente de un Senado que negó 39 impedimentos a congresistas que estaban siendo investigados por el ente de control o que contaban con familiares vinculados laboralmente al mismo. Esos mismos congresistas reelegirían al cabo de unos minutos, y acudiendo al voto secreto, a Alejandro Ordóñez como director del Ministerio Público.
Para nadie fue una sorpresa que Ordóñez fuera reelegido. No fueron suficientes las denuncias sobre nombramientos políticos orientados a garantizar su reelección, ni la desaparición de 800 expedientes disciplinarios relacionados con falsos positivos de la Procuraduría, o la persecución a activistas de género que emprendió el primer llamado a velar por la protección de los derechos humanos en Colombia. Tampoco importó que el Procurador desconociera los fallos de la Corte Constitucional que debería acatar, ni que esgrimiera posiciones políticas que ni siquiera la Iglesia Católica acogería en temas como el aborto. La nueva unción del Procurador era esperada por una sociedad civil que comprendía el poder con el que contaba Ordóñez y las ventajas con las que inició la carrera: Cuatro años al frente de la institución encargada de controlar disciplinariamente a sus electores, un enorme botín burocrático por repartir, el apoyo cantado de Conservadores y Liberales -que son lo mismo-, amigos entre las filas de sus prefectos de disciplina y una terna conformada con dos semanas de antelación a la sesión en la que lo nombraron señalaban diáfanamente que el marcador estaba decidido antes del pitazo inicial.
Por eso, de verdad, que Ordóñez vaya a estar cuatro años más promoviendo matrimonios entre un hombre mayor que la mujer, más alto que ella, de la misma raza y seguramente encargado de "mantenerla", como se ve en este video, no es lo que más indignación me causa. Me preocupan, claro, las incontables víctimas de la persecución que continuará y los nefastos efectos que tiene para la "democracia colombiana" que un señor con tanto poder ande por ahí desinistitucionalizando aún más al Estado. Sin embargo, considero que pensar en Ordóñez como una excusa para trabajar por un país verdaderamente inclusivo, como dice este atinado bloguero, es mejor.
Lo que me inquieta profundamente es ver cómo en Colombia la política siempre se impone al derecho. Lo que es peor, lo utiliza para ganar un halo de legitimidad que solo la voz del juez puede darle. "La terna está integrada" fue una frase que resonó con cinismo en el recinto del Senado a pesar de que, a las diez y media de la mañana del día de la elección, María Mercedes López, en la única actitud digna que podía asumir, renunció a su candidatura. Ante tal situación, cualquier desentendido diría que no había terna, que los únicos candidatos por los que se podía votar eran Orlando Gallo (el títere) y Alejandro Ordóñez (el único candidato). Empero, y esto no es raro en Colombia, un tecnicismo (eufemismo ampliamente utilizado para referirse a las leguleyadas) salvó los apetitos reeleccionistas de Monseñor: Según la interpretación dada a una sentencia de 2001, la renuncia del candidato es irrelevante si su nominador no la reconoce. Entonces, dado que Juan Manuel Santos no comunicó la renuncia de María Mercedes López al Senado (y claro que no lo iba a hacer), la expresión de la voluntad de la segunda fue absolutamente desconocida.
Sucedió entonces que al Senado llegaron dos candidatos pero, según lo apenas explicado, "legalmente" había tres. Uno de ellos no iba a recibir ningún voto porque había renunciado y los senadores lo sabían. Pero, de nuevo, "la terna estaba integrada". Donde nosotros veíamos dos individuos, los alquimistas de las leyes veían tres. Eso era lo que les convenía, por supuesto.
Lo que ellos no nos contaron fue que en el caso de 2001 el Presidente insistió en la nominación del candidato que había renunciado, cosa que el pokerista no hizo en esta ocasión. También olvidaron señalar que la renuncia fue el resultado de no haber podido presentar los documentos solicitados por la Comisión de Acreditación y no de que el candidato se hubiera dado cuenta de su condición de comodín. Esto sí lo notó María Mercedes López luego de insistir hasta el cansancio en que se le dieran garantías suficientes ante los oídos sordos de los "padres de la patria". En conclusión, nos metieron los dedos en la boca. Y como actuar "en derecho" dota de sacralidad hasta a la más baja actitud humana, nosotros no pudimos hacer nada al respecto. Bonita forma de celebrar los 201 años del Congreso.
No me queda claro su argumento de que la política siempre se impone al derecho. ¿Es eso algo negativo?
ResponderEliminarSi el derecho es la institucionalización de la política por medios formales, en últimas, lo que es derecho terminan siendo la imposición de la política pero por medios formales.
Ahora, el hecho de que los senadores hayan actuado "en derecho" solamente indica que el derecho es una herramienta que puede ser usada en las discusiones acerca del orden social que es deseado.
Le pongo a considerar un ejemplo. Si el activismo por el matrimonio igualitario que se ha movido tanto estos días termina en una aprobación legislativa, esto sería -desde mi perspectiva- una imposición de la política sobre el derecho actual.
Ojalá sea así.
Dani, el asunto es meramente semántico.
EliminarYo no me refiero a la política como concertación de intereses sociales a través de mecanismos institucionales sino a ésta en tanto actuación de poder.
En este sentido, considero que la "política" a la que hago mención puede perseguir fines perversos a través de mecanismos que, en apariencia, son totalmente legítimos.
Ahora, la legitimidad de la votación por Ordóñez, en particular, se sostiene únicamente gracias a un tecnicismo: El acto administrativo de nominación es complejo, pues no solo requiere de la aceptación por parte del candidato sino que también es necesaria la postulación por parte del nominador y, consecuentemente, solo él puede retirarlo. Lo que se desconoce es que con el conocimiento público de la renuncia de un candidato, sus eventuales votos se redirigen hacia los postulantes que sí se presentan.
En este caso ganó la peor versión de la política porque, amparados en una leguleyada, los senadores votaron por un candidato que tenía el pan y el garrote, al que incluso el presidente de manera taimada le hizo campaña y que, además, fue (y será) duramente cuestionado por la sociedad civil.
Por eso, insisto, la política (la fuerza) se impuso al derecho, que debería ser algo más que la mera fuerza institucionalizada, debería ser un canal racional de concertación.