Sin ánimo de ofender

        “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”

-Voltaire

Para ser privado de la libertad, un ciudadano no tiene que ser condenado a prisión. Para perder la libertad basta con vivir temiéndole a las propias palabras porque podrían conducir a ser hallado responsable de un delito.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que informa a la opinión pública acerca de su determinación de presentar una denuncia penal contra la periodista Cecilia Orozco Tascón por una columna en la que cuestionaba una decisión administrativa de la Corte frente a uno de sus funcionarios. Tal vez se trate de la más paradójica carta de la historia: Les informamos que si opinan algo que no nos guste, los denunciaremos penalmente. El leguleyo que llevo dentro con tanto cariño se regodea señalando el despropósito de denunciar a alguien que realizó afirmaciones sin el ánimo de ofender al sujeto de sus frases, así al último le ardan de ira las entrañas. ¡Brutos! –No, no los magistrados que “sabiamente” decidieron denunciar penalmente a una periodista por escribir en su columna de opinión. Es que no puedo contener la sorpresa-.

Un poco antes, Ilva Myriam Hoyos –Procuradora Delegada para la Familia- denunció a Mónica Roa por interponer una tutela en la que señalaba que la entidad a cuyo nombre obra la ex candidata a la Corte Constitucional estaba incumpliendo un fallo de ese tribunal y mintiéndole a las mujeres acerca de las cualidades “abortivas” de un preservativo –“Momento, ¿eso no se llama fraude a resolución judicial?”, señala mi abogadito interno con sagacidad-. A  los padres de Luis Andrés Colmenares también les iniciaron un proceso por calumnia al cuestionar una decisión judicial. 

Si estas actitudes se consolidan, derechos como la libertad de expresión e información y el acceso a la administración de justicia se harán nugatorios con la excusa de proteger la “integridad moral” de los ofendidos. Claro, como en Colombia el derecho también es una herramienta empleada para vengarse de los contradictores, la moralidad de los denunciantes queda harto en entredicho, pero la tienen. Ese es el problema de mantener tipificadas algunas conductas que pertenecen al más antiguo derecho penal y que no atienden a las realidades actuales o, por lo menos, de aplicarlas mal: Caprichosamente y sin detenerse a indagar por la utilidad que tendría la sanción penal para el caso concreto. Que una conducta esté consagrada en el Código Penal no la hace aplicable inmediatamente, no es que como ya está escrito el tipo puedo acudir a la ultima ratio del derecho sancionador cuando a mí se me de la gana, cuando quiero hacer pataleta porque no me gustó lo que dijeron de mí.

El riesgo planteado es enorme: Cualquier ciudadano podría enfrentar un proceso penal por expresarse libre y democráticamente. Si un día a Álvaro Uribe le da por revisar mi timeline en tuiter voy a tener serios problemas, por ejemplo. Al igual que cualquier otro hijo de vecino que se haya quejado de Petro, del Procurador Marianito, de Daniel Samper, de Vladdo, del policía, del bombero, del tendero, del taxista, del portero…

Lo que quiero resaltar es que, mientras el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza la libertad de los colombianos para expresar libremente sus pensamientos, opiniones e ideas y afirma categóricamente que no habrá censura, la indebida utilización de derecho penal conduce justamente a ella. Y ese silencio impuesto es el salto que daría el sismógrafo de Roxin: Algo está mal en una democracia cuando se calla a los críticos con denuncias penales. Si se lleva a los tribunales a quien no comparte el discurso de la oficialidad –sea el que sea-, difícilmente puede señalarse que se vive en un Estado Social de Derecho.

Reconozco que la jurisprudencia ha decantado reglas claras según las cuales hay límites a la libertad de expresión, representados por el derecho a la honra y el buen nombre, la función social del periodista y la responsabilidad con la que debe asumir sus relatos, acudiendo a varias fuentes creíbles, ponderando sus historias y demás. No digo que debamos ser enteramente tolerantes con los discursos, pues muchos de éstos se encuentran motivados por el odio. Lo que sí afirmo con todas las letras Y EN MAYÚSCULA –que es como gritar pero con las yemas- es que a veces el discurso de odio se construye poniéndole el dedo en la boca a quien dice lo contrario a lo que yo quiero oír. Es que acudiendo taimadamente a la protección de mis derechos no puedo pretender que se impida el ejercicio legítimo de los de otros. Mucho menos si “administro justicia en el nombre del pueblo y por autoridad de la ley”.

PS: Antes de denunciarme, investigue sobre el animus jocandi.

08/20/2012

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