En una de mis primeras clases de Sociología Jurídica leí un texto de cuyo autor no me acuerdo en el que se afirmaba que dando una mirada al sistema jurídico vigente en determinada sociedad se podría conocer el carácter de la misma, pues el derecho era algo así como la “columna vertebral” de un grupo organizado de personas. Hoy, todavía presa del romanticismo propio del estudiante, me siento burlado. En Colombia existe un amplísimo marco de derechos fundamentales que son exigibles por vía de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha tenido a bien acoger el constructo de “derechos innominados” para otorgarnos aún más garantías de las que aparecen explícitamente mencionadas en la Carta Política, el Estado se organizó de manera tal que ninguna de las funciones ejercidas por el Poder Público se impusiera sobre las demás. Todo lo contrario, se tuvo tanta fe en Colombia que se fundó el servicio que las entidades del Estado prestan en principios como el de colaboración armónica. Y qué ejemplos más hermosos de aplicación de éste nos regala la historia reciente: Una hipertrofia de la Administración, que encontró en la cooptación del Congreso la mejor forma de dar rienda suelta a sus veleidades políticas. La utilización de unas instituciones del Estado para espiar y desprestigiar a otras. Las constantes críticas del (Ex) Presidente de la República a la Administración de Justicia –Al marica al que el entonces Presidente le iba a dar en la cara era a un Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, según algunos, es una empresa criminal que persigue al ejemplar rebaño de los uribistas, mártires de la patria-.
Como si con estas conspiraciones no fuera suficiente, ahora se suman los nombramientos de algunas personas para mejorar ilícitamente su situación pensional hechos por el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo referirse a esta situación? La palabra escándalo está tan gastada que da para todo, el carrusel para mí sigue siendo una atracción infantil, no puede uno ponerse a hablar de delitos sin que haya condenas, apelar a la moral hace que los mamertos –que no son pocos- piensen que se está haciendo una taimada referencia a los valores católicos. Qué despelote. Eso, el despelote de las pensiones. Con él queda demostrada nuevamente la antagónica relación entre la realidad nacional y esa teoría que yo ingenuamente di por cierta. Pero no solo eso.
Como consecuencia de las investigaciones adelantadas contra varios Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por la Procuraduría General de la Nación uno de ellos, Henry Villarraga, va a interponer una acción de tutela. Sí, el juez disciplinario va a ir a donde un juez al que podría investigar a interponer una acción contra el funcionario que lo tendría que sancionar si se comprueban las irregularidades en las que presuntamente incurrió. De otra parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se dispone a investigar a una cantidad de personas que no hicieron sucesivos nombramientos ilegales. Como dijo Humberto de la Calle: Van a manchar a todos para que nadie quede manchado. Pero eso no es todo. Luego de haber declarado nula la elección de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación por una interpretación que la Corte Suprema de Justicia dio a su reglamento interno, el Consejo de Estado –que hizo algo semejante para llenar algunas plazas vacías-, se dispone a estudiar una demanda dirigida contra la elección de Sandra Morelli.
Sí, la situación es tan fluida como un costal de anzuelos.
Esta confrontación entre entidades públicas solo me lleva a pensar en otra inversión teórica: Thomas Hobbes señaló que de un estado de guerra en el que los afanes individuales por la supervivencia y la apropiación presentaban una constante amenaza de muerte solamente se podía salir mediante la sujeción a un pacto en el que se fundara el Estado de Derecho. El fundamento de este pactum subjectionis es sencillo. Con él la fuerza no se elimina sino que se le entrega a un único detentador legítimo, encargado de aplicarla para garantizar el cumplimiento de las leyes: El Estado. En Colombia, sin embargo, el estado de guerra se vive en su interior. Qué paradoja. Las instituciones públicas luchan por determinar cuál es la que tiene la ley de su lado en cambio de ser aplicadoras del derecho. Definirlo e imponerlo se convirtió en el objetivo por el cual se dan los constantes roces dentro del poder público. Por supuesto, esta confrontación se vale del legítimo ejercicio de acceder a la Administración de Justicia a través de demandas con las que se tuerce la teleología de las normas al punto de usarlas para bloquear la labor constitucionalmente asignada a los entes de control.
Nuestra Constitución Política propone una sociedad fundada en la dignidad humana y regida por el Derecho en su sentido material. Tristemente esa no es Colombia, tristemente su texto es solo una aspiración.
08/03/2012
15:09
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