Ferley Espinosa, el gran jurista. El hombre que presentó una lúcida acción de nulidad contra el acto de elección de la Fiscal Viviane Morales. Ese que tiene promedio de 3,9 en la universidad y que olvidó los argumentos de su demanda cuando el reflector se posó sobre su vestido gris, su camisa morada y su corbata anaranjada. Es al menos inverosímil que un estudiante de derecho haya incoado el proceso que condujo a la renuncia de la “Dama de Hierro de la Justicia”. Especialmente si se tiene en cuenta que se encuentra rodeado de abogados que han asesorado a ex funcionarios del gobierno Uribe e, inclusive, a paramilitares como Salvatore Mancuso. A la sospecha suma el hecho de que este abogado en formación haya olvidado las razones que lo llevaron a solicitar la invalidación de la elección. Créanme, si hubiera sido yo el demandante, me habría asegurado de tener presentes los argumentos que me hicieron “famoso”. En todo caso, esto es apenas una curiosidad –para no empezar a construir una de esas teorías de la conspiración tan apetecidas por la prensa colombiana-. Lo que resulta verdaderamente inquietante son las circunstancias que rodearon la decisión que tomó la Sala Plena del Consejo de Estado la semana pasada.
En primer lugar, un corrillo de periodistas liderado por María Isabel Rueda adelantó una histriónica persecución contra Viviane Morales por su relación afectiva con el ex congresista Carlos Alonso Lucio. Sus vínculos con las autodefensas al mando de Carlos Castaño, su presencia en los foros adelantados en Santafé de Ralito para “refundar la patria” y acusaciones acerca de su calidad de asesor pago de los paramilitares hicieron de su relación con la primera encargada de la persecución penal en Colombia un blanco fácil. Y es que detrás de los micrófonos señalar los riesgos para la justicia, subrayar lo “inmoral” de la relación de la ex Fiscal no fue tarea complicada. En nuestro país los juicios paralelos adelantados por el periodismo á la Julito son cosa de todos los días. Lo verdaderamente preocupante es que la ponzoña hubiera sido suficiente para generar inestabilidad y poner a la ex Fiscal en el ojo del huracán. ¿Acaso “soluciones W” remplazó a la justicia ordinaria? ¿Es que en Colombia no hay funcionarios encargados de investigar y juzgar las presuntas irregularidades que pudo cometer Viviane Morales? Las verdaderas investigaciones, las penales, brillan por su ausencia. Algo similar ocurre con quienes criticaron a la ex Fiscal por su cercanía a Ernesto Samper Pizano. En las redes sociales es fácil encontrar a quienes afirman que a Viviane Morales le gustan los presidentes que “ponía la mafia”. Otra vez se usa una relación personal de la ex funcionaria para cuestionar su idoneidad profesional, aun desconociendo que ella fue apenas uno de los 111 parlamentarios que votaron a favor de la cesación de los procedimientos en contra de Samper por el Proceso 8000 y que, por esos hechos, no se encontró responsabilidad penal de la ex Funcionaria. Fue el ejercicio del derecho al voto parlamentario y la protección de su intangibilidad. En mi criterio estos dos ejemplos hablan de un país en el que el nepotismo no solo es una práctica política que está para quedarse, sino que también sirve como fundamento de la responsabilidad penal: Una sociedad en la que se obtienen beneficios por el parentesco también cuestiona a una persona por sus relaciones, no es necesario indagar más.
En segundo lugar, el Consejo de Estado entró a juzgar un ejercicio de interpretación de Reglamento de la Corte Suprema de Justicia que, como es obvio, le compete a ésta. La leguleyada de afirmar que la palabra “integrantes” contenida en el artículo quinto del Reglamento de la Corte se refiere a la totalidad de miembros que deberían conformar la corporación bastó para afirmar que la elección de la Fiscal estuvo viciada. No se tuvo en cuenta el número real de Magistrados debidamente nombrados y en ejercicio de sus funciones al momento de la elección, en diciembre de 2010. Si el criterio hubiera sido ese, es claro que se hubiera encontrado ajustada a derecho la elección de la Fiscal. Obtuvo 14 de los 18 votos posibles. Aún más, su elección fue ratificada posteriormente por una mayoría ajustada al Reglamento de la Corte. ¿No se subsanó una ficticia nulidad con este hecho? Seguramente aquellos que salieron a gritar que la Corte había prevaricado no tuvieron en cuenta estas consideraciones. Y no hay que culparlos, sencillamente no tenían la capacidad de hacerlo.
En tercer lugar, y esto es lo que más preocupa, la Fiscal que “tenía incómoda a la derecha colombiana” –bonito eufemismo para referirse a un sector que no ha temido desafiar la institucionalidad colombiana para mantener sus garras en el poder-, como afirmó The Washington Post, abandona su cargo en un álgido momento para la justicia nacional. Procesos fundamentales podrían verse perjudicados al perder la dirección de una funcionaria que no tuvo temor de acusar a funcionarios vinculados con actos de corrupción, persecución política y abuso de su autoridad. ¿Quiénes saldrían beneficiados en este supuesto? Claro, los uribistas más descarados, como María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias –cuya defensa ya pidió que se hagan presentes los huesitos y la carnita de Uribe en el estrado de testigos- y Luis Carlos Restrepo, que debería acogerse a los beneficios para desmovilización que él mismo aplicó de forma fraudulenta –o bobalicona-.
¿Y ahora qué? El Presidente Santos se ve avocado a presentar una nueva terna, para la que algunos dicen que solicitará la ayuda del santo patrón de Colombia. Así, me temo, pasaremos de tener una Fiscal que necesitábamos a ver elegido a uno que merecemos. En especial si se tiene en cuenta que el Consejo de Estado definió que el periodo es institucional, por lo que el nuevo acusador tendrá un periodo de apenas dieciséis meses ¿Quiénes querrían conformar una terna a cambio de tan poco?
13/02/2012
7:04
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