Por recomendación de algunos diplomáticos amigos, he variado la redacción de la carta que será enviada al Señor Presidente. Coincido en que hay asuntos que deben tratarse con más cortesía de la que hay expresada en la versión inicial de la carta, que quedará como testimonio de la intención que la originó -y como columna de opinión-, razón por la que presento el nuevo texto, que cuenta apenas con ligeras variaciones:
Bogotá D.C., lunes 25 de junio de 2012
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Carrera 8 No. 7 - 26
Ciudad
Señor Presidente,
Colombia atraviesa una coyuntura de enormes implicaciones para el futuro de la institucionalidad y de la democracia. Gracias a la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo por medio del cual se reforman artículos de la Carta Política, bajo el cínico mote de "reforma a la justicia", se ha generado un caos institucional que pone en entredicho su capacidad de mando y su responsabilidad ante el electorado colombiano, así como su conocimiento y respeto de la Constitución de 1991.
Frente a lo primero huelga señalar que usted ha sabido evitar la responsabilidad que le compete en la discusión, durante dos años y en ocho debates en Cámara y Senado, de un proyecto de Acto Legislativo que fue torpedeado desde sus inicios por las más altas instancias de la Rama Judicial y la Academia. Usted, que es un hombre sin duda preparado y con experiencia en el servicio público, supo ignorar esas voces e impulsar el trámite legislativo por medio de los Ministros Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Como jefe de la "unidad nacional", esa coalición que se asemeja más a la Duma soviética que a un Congreso democrático, dirigió la discusión de una modificación profunda al texto de una Constitución a la que se llegó como pacto de paz en un momento de tensión política difícilmente equiparable con otro episodio de la joven vida republicana de nuestra Nación. Sin embargo, como el Frankenstein de Shelley, ha decidido renegar de su criatura y huir de ella. La primera intención de esta misiva, dirigida con respeto a la institución que usted representa pero como un cuestionamiento ético orientado a la persona, es resaltar la ausencia de una clara asunción de responsabilidades de su parte. A diferencia del Ex-Ministro Esguerra, quien decidió separarse irrevocablemente de su cargo con gallardía, usted ha aparecido en los medios de comunicación como la inocente víctima de una treta del Congreso. En plata blanca, Señor Presidente, la altísima dignidad del cargo con el que el Pueblo colombiano decidió honrarlo debería forzar en usted actitudes más elevadas. Usted, Doctor Santos Calderón, es el primer responsable de la "reforma a la justicia". No puede permitirse huir de esa realidad mediante artilugios jurídicos y elaborados discursos políticos.
En lo que se refiere a mi segunda percepción, debo aseverar que encuentro en su decisión de presentar objeciones al Acto Legislativo aprobado por el Congreso de la República una actitud abiertamente atentatoria contra la Constitución Política de 1991. A eso tuvo que acudir su Gobierno una vez se encargó de darle vida a la reforma que ha llegado a ser calificada de “adefesio”. Dado que vivimos en un país de abogados, como lúcidamente señaló el Libertador en los albores de la Patria, usted ha buscado ocultar, con minuciosas elucubraciones jurídicas, la única verdad irrebatible: Su Gobierno fue cómplice de una deforma a la Carta Política y ahora, arrepentido, violará la Constitución bajo el falso estandarte de protegerla del Congreso. El hecho está consumado y usted pretende desistir de él.
Y digo que se consumó la reforma fraguada gracias a que el Ejecutivo y el Legislativo se cohonestaron porque usted está llamado a enviar el Acto Legislativo al Diario Oficial para su promulgación. Aun más, en sendas ocasiones la Corte Constitucional ha señalado tajantemente que el Presidente de la República no puede objetar Actos Legislativos. Basta con recordarle, de la manera más respetuosa, que en la Sentencia C-222 de 1997, la Alta Magistratura aseveró que: “… el artículo 375, específico de las reformas constitucionales, no supedita su entrada en vigencia a la sanción del Ejecutivo, ni autoriza a éste para objetarlas".
Empero, entiendo que por razones políticas decida oponerse justo en este momento a una iniciativa de su propio Gobierno. Después de todo, el impacto que tendría sobre su menguada popularidad permitir que una reforma que carece de toda legitimidad social se materialice podría llevar a que su relección se convierta en un imposible. Ahora, Señor Presidente, me atrevo a preguntar –anticipando que una respuesta probablemente no llegará- si no debe ser superior el orden constitucional a la vocación de poder de un ciudadano. Su Secretaria Jurídica, la Doctora Cristina Pardo Schlesinger, afirma al igual que usted que en el tratamiento que la Constitución y la Ley Quinta de 1992 dan a los Actos Legislativos existe un vacío que puede ser llenado con normas del procedimiento legislativo ordinario. Con esto, pretenden justificar lo injustificable. Señor Presidente, si el Constituyente omitió la posibilidad de que el Poder Ejecutivo objete una reforma constitucional lo hizo para evitar que quede en sus manos la decisión sobre la norma fundamental del sistema jurídico colombiano. No se trata de un vacío en el procedimiento sino de un diseño institucional completamente distinto, que busca evitar que el Presidente remplace la voluntad de los constituyentes primario y derivado.
Como si la decisión de objetar lo inobjetable no bastara, ha decidido usted convocar al Congreso de la República a sesiones extraordinarias para recoger los pasos dados, en su totalidad, en la dirección equivocada. Sus asesores jurídicos pretenden ignorar el mandato establecido en el artículo 375 de la Constitución Política de Colombia, según el cual “El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos”, afirmando que lo que sucedió en las dos legislaturas fue la aprobación del Acto Legislativo y que, en las sesiones convocadas, se adelantará otro procedimiento. ¿Cuál procedimiento, Señor Presidente?, ¿la tardía revocatoria de un Acto Legislativo pensado por el Gobierno Nacional, adelantada mediante maniobras ilegales y consentidas por un Congreso que, ahí sí, es liderado por el jefe de la unidad nacional? Lo único que hay de cierto en el llamado a sesiones extraordinarias es que, como en todo lo que se refiere a las decisiones tomadas frente a la reforma por la Casa de Nariño, se obra de tal manera que la opinión pública alcanza a percibir un tufillo de ilegalidad. No se actúa extraconstitucionalmente o supraconstitucionalmente -¿a quién se le ocurre que hay algo por encima de la Constitución, pero bajo el control de la Rama Ejecutiva?-. Se actúa sospechosamente.
La coyuntura en la que su Gobierno nos ha puesto, entonces, es una en la que parecen enfrentarse la legalidad y la trampa, los hechos y el derecho. Por una parte, los que quisiéramos aferrarnos a la legalidad en su sentido más material, abogamos por ver el Acto Legislativo promulgado para demandarlo ante la Corte Constitucional y para someterlo al referendo previsto en el artículo 377 de la Constitución. Otros, los que disfrazan sus inmorales intenciones con el ropaje de la legalidad, estarían dispuestos a utilizar la reforma para beneficiarse de la más variopinta manera: Logrando excarcelaciones, liberándose de causales de pérdida de investidura, extendiendo los términos de los procesos de nulidad electoral.
Es un precio demasiado alto para el País. Probablemente la conclusión de este vergonzoso episodio será que el Acto Legislativo sea archivado una vez un Congreso cooptado reciba las objeciones que un Presidente haga al texto, sin estar facultado para ello, y las apruebe en sesiones extraordinarias en las que no deberían debatirse Actos Legislativos. Así, pues, la política se impondrá al derecho y se sentará un precedente nefasto según el cual la última palabra frente a la Constitución reposa en el Poder Ejecutivo, algo que rompe los marcos fijados por LA Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Habrá sido usted, Doctor Santos Calderón un Presidente que violó abiertamente la Constitución para protegerla de la horrenda criatura que fue la “reforma a la justicia” de iniciativa del Gobierno.
Quienes queremos trabajar por una mejor Colombia, los idealistas, esperaremos impacientes el momento en el que podamos recibir la aprobación del Pueblo Soberano para adelantar los cambios que nuestro País demanda y necesita desde hace más de cinco décadas.
Atentamente,
_____________________________________
SANTIAGO ALBERTO VARGAS NIÑO
C.C. No. 1’010.182.854 de Bogotá D.C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario